Perú está haciendo frente a una nueva crisis política, esta vez por la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que inició la fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, por el uso de relojes de lujo y costosas joyas tras asumir el cargo hace más de un año.
El país andino ha tenido seis presidentes en seis años y los últimos dos, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, fueron destituidos por el Congreso que los acusó de «incapacidad moral», el mismo mecanismo que se está barajando ahora entre los parlamentarios, en medio del «escándalo de los Rolex» o el «RolexGate», como parte de la prensa local está llamando al caso. El pronóstico aún está reservado.
La gestión de Boluarte, que consideró al poder a multas del 2022 tras la destitución de su antecesor Castillo, de quien era vicepresidente, ha estado marcada por violentas protestas que dejaron decenas de muertos y generaron demandas de elecciones anticipadas. Su popularidad se mantiene en sólo un dígito, según encuestas recientes, pero cuenta con respaldo de importantes sectores políticos y empresariales.
¿Cómo empezó el «RolexGate»?
A mediados de marzo, el programa periodístico digital «La Encerrona» reveló que Boluarte usaba en eventos públicos relojes Rolex, cuyos precios oscilarían entre 14.000 y 25.000 dólares.
«Todo empezó con un dato de una persona que se reunió un par de veces con la presidenta y nos dijo que había usado un rolex distinto en cada ocasión, esto fue a inicios de febrero», dijo a la VOAMarco Sifuentes, director del espacio periodístico.
«A partir de allí, nuestro investigador se puso a revisar 10.000 fotografías en alta resolución ya buscar qué modelos de relojes eran, luego de consultar con relojes profesionales y armar una base de datos con inicialmente de 14 relojes y ahora ya sabemos que son 17, por lo menos. En ese momento pudimos afirmar que de ellos uno era un Rolex”, agregó.
En un primer momento Boluarte y sus allegados trataron de minimizar la denuncia. Incluso la mandataria dijo que se trataba de un «artículo de antaño» que había adquirido con «el fruto de su esfuerzo».
Un ministro sugirió que detrás de la denuncia se encontraría el crimen transacional y un congresista afirmó que estaría detrás de Cuba, Irán, Venezuela.
El 18 de marzo la fiscalía peruana anunció el inicio de «diligencias preliminares» contra Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en documentos la propiedad de tres costosos relojes Rolex.
«Hace tres semanas publicamos básicamente una pregunta, podemos reducir nuestra investigación a eso: ¿estos rolex de dónde han salido? Tres semanas después no hay respuestas», afirmó Sifuentes.
El allanamiento
En la última hora del «Viernes Santo», decenas de fiscales y policías llegaron a la casa de Boluarte para cumplir una orden de allanamiento y luego de 10 minutos sin respuesta desde el interior de la vivienda «se procedió a realizar el descerraje de la puerta». «, dijo el Ministerio Público en un comunicado.
En la diligencia no se ubicó ni se produjo la entrega de los tres relojes Rolex. Horas después del allanamiento que duró hasta el sábado, medios locales difundieron documentos sobre un Rolex, del modelo Datejust, con fecha de compra «08-07-2023».
Según el sitio oficial de internet de Rolex, un Datejust de acero Oysterstell y oro amarillo cuesta al menos 14.800 dólares.
El salario mensual de Boluarte como presidenta es de un equivalente a 4.200 dólares, aunque todo el gasto por su función y permanencia el Palacio de Gobierno lo asume el Estado. Anteriormente, como vicepresidenta y ministra de Inclusión Social había declarado ingresos mensuales de unos 8.000 dólares.
En el Palacio de Gobierno se encontraron ocho relojes de otras marcas de menor precio, según la prensa, citando a la fiscalía.
La defensa de Boluarte, que hace días había pedido a la fiscalía postergar las declaraciones de la presidenta, ha solicitado ahora que se tome de inmediata la declaración de Boluarte, el viernes 5 de abril, «en vista de la turbulencia política que se viene produciendo» debido a las investigaciones.
A todo ello se suma el anuncio del fiscal general de que la investigación contra Boluarte se ha ampliado para incluir un brazalete Cartier de 56.000 dólares en su posesión y 1,1 millones de soles (casi 300.000 dólares) en depósitos bancarios de «origen desconocido».
Escenario complicado
En los dos últimos mensajes a la nación sobre el «caso Rolex», la presidenta Boluarte no ha precisado el origen de los costosos relojes, ni cuando los compraron o si los recibieron de regalo. La mandataria mas bien ha calificado de «arbitraria, desproporcional y abusiva» la incursión fiscal y policial a su casa ya su despacho y oficinas en Palacio de Gobierno.
El abogado y analista político, Carlos Caro, consideró que Boluarte habría incurrido en «obstrucción» a la justicia al no entregar información y presentarse en el primer llamado de la fiscalía para declarar sobre el origen de los relojes. «Estamos ante una nueva crisis de gobernabilidad», manifestó a Reuters.
Legisladores de oposición -en su mayoría de izquierda- han pedido la renuncia de Boluarte y presentaron el lunes una moción para iniciar el proceso de su destitución en el Congreso, con la firma de 26 representantes de las 130 bancas del parlamento.
Se requieren 52 votos en el Congreso para seguir el proceso y 87 votos para la destitución de Boluarte, algo poco probable en este momento porque legisladores conservadores o de derecha, que son mayoría, han dado señales de apoyo a la mandataria.
El Congreso ya ha rechazado dos veces pedidos para expulsar a Boluarte, una en abril del 2023 tras las protestas sociales y otra en marzo de este año por un cuestionado viaje al extranjero.
Boluarte no tiene representación en el Congreso porque el partido marxista que llevó a Pedro Castillo al Gobierno es ahora de oposición.
Cambios en medio de denuncia
En medio del escándalo, Boluarte quitó el lunes a casi un tercio de su gabinete de 19 ministros, lo que agregaría más inestabilidad en la gobernabilidad del país andino.
Entre los cambios nombró como ministro del Interior a Walter Ortiz, un policía retirado que se desempeñaba como jefe de la dirección contra el crimen organizado en el mismo portafolio.
La salida de los ministros se produjo días antes de que el primer ministro Gustavo Adrianzén, que fue nombrado a inicios de marzo, se presentara ante el Congreso este miércoles en busca de respaldo a su gestión, un trámite cuando asume un nuevo jefe de gabinete. De acuerdo a la Constitución, si el voto de confianza es rechazado, todo el equipo de ministros del Gobierno debería renunciar.
En las últimas tres décadas, casi todos los funcionarios de alto rango o expresidentes peruanos han sido investigados por la fiscalía o han estado envueltos en casos de corrupción.
[Con información de Reuters]
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