El tribunal del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de seis meses de suspensión de funciones para un guardia civil destinado en Valladolid que, junto a un compañero, vendía vino a diferentes establecimientos estando en activo y uniformado.
Es más, los clientes que adquirieron el vino lo hicieron porque ambos agentes se lo habían ofrecido “vestidos de uniforme, pues ya lo habían obtenido “de sus proveedores”, tal y como ha señalado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles impuso la sanción inicial que ahora ha sido ratificada por el alto tribunal.
Ambos agentes de la Guardia Civil estaban destacados en el puesto primero de Laguna de Duero de la comandancia de la Gaardia Civil de Valladolid y, entre mayo y julio de 2020, “estuvieron ofreciendo y vendiendo efectivamente vino” desde una bodega a varios establecimientos de hostelería cercanos. Esto incluía, en su mayor parte, la venta de vino en el campo de la operación nuclear en el que los expedientes cumplían su servicio.
El Tribunal Supremo es empático al afirmar que las pruebas obtenidas en las investigaciones sobre la actividad de los dos agentes suspendidos revelaron que el vino “no se obtuvo de forma ilegal”.
Sin embargo, según el tribunal, las pruebas que se han presentado a las autoridades disciplinarias son de “carácter indudablemente incriminatorio” para el agente y el tribunal ha “deducido lógicamente” las sanciones que se llevaron a cabo contra los dos miembros de la Guardia Civil.
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