Presionada por el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, una comisión senatorial ocurrió el miércoles un proyecto de ley de amnistía para liberar a un número indeterminado de detenidos en el contexto de las protestas que siguieron al estallido social del 19 de octubre de 2019, aunque su aprobación es incierta.
Boric, un izquierdista que asumirá el poder el 11 de marzo próximo, se comprometió durante su campaña a trabajar por la libertad de los llamados “presos de la revuelta”. Algunos llevan entre seis meses y dos años en prisión preventiva acusados de delitos que incluyen lanzamiento de bombas incendiarias a la policía, saqueos e incendio de iglesia y de una sede universitaria.
La iniciativa, impulsada por la oposición de centroizquierda, pasará al pleno del Senado y si no es tramitada esta semana deberá esperar hasta el fin del receso de verano del Congreso en marzo, cuando tendrá sólo diez días para aprobarla porque el día 11 entra en funciones el Poder Legislativo elegido en noviembre, donde la actual oposición, hoy mayoritaria, tendrá igual número de senadores y en la Cámara de Diputados no alcanzará una mayoría simple de 78 sufragios, lo que hace incierta su aprobación.
La Comisión de Legislación y Justicia de la cámara alta, de mayoría opositora, duró por tres votos a dos la iniciativa para amnistiar a los presos detenidos entre el 7 de octubre de 2019 y comienzos de diciembre de 2020, y redujo los delitos a perdonar, excluyendo el homicidio frustrado y el maltrato a los policías, pero las modificaciones no convencen al oficialismo ni a un par de legisladores de oposición. También debe ser tramitada por los diputados.
“Vamos a pelear que todos los delitos se mantienen” dentro del proyecto, dijo a The Associated Press Verónica Verdugo, vocera de una agrupación de familiares de los presos y mamá de Nicolás Ríos, detenida por lanzar bombas lacrimógenas. Agregó que “hay muchas pruebas que culpan a nuestros presos que son un montaje”.
Boric, al instar al Senado a aprobar el proyecto, dijo “lo importante es que esa prisión injusta y extendida a la que ha estado sometido tanta gente pueda terminar”.
El mandatario electo es un exdirigente estudiantil de los 2000, y dos años después se convirtió en el líder de todos los alumnos de la Universidad de Chile que llegaron a poner en aprietos al presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato (2010-2014) con masivos protesta en demanda de una educación gratuita y de calidad.
La comisión no pudo determinar cuántos detenidos serían favorecidos si el proyecto se aprueba porque las cifras difieren. Un informe de la policía de prisiones, citado por la presidenta del Senado, Ximena Rincón, señala que hay 144 personas en prisión preventiva y que otras 67 fueron enjuiciados y condenados. Los familiares afirman que son más de 800.
Piñera, que recordó que muchos de los presos están acusados de delitos graves, dijo que “sería una muy mala señal indultar o amnistiar a esas personas”.
Según muchos legisladores, el problema de los “presos de la revuelta” y de muchos otros radica en que en Chile la prisión preventiva no tiene límite de tiempo, como sí ocurre en la mayoría de los países de la región, entre ellos Bolivia, Colombia , Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, según un estudio sobre la materia publicada por la Biblioteca del Congreso chilena.
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