Un grupo de congresistas opositores pidió el martes la renuncia del ministro de Defensa colombiano Diego Molano durante un debate de moción de censura al que fue citado para rendir cuentas por un operativo militar en el que falleció al menos 11 personas entre las que, según organizaciones de derechos humanos, había civiles.
Según las leyes colombianas la votación se hará en los 10 días posteriores al debate y en caso de que la mayoría de los congresistas aprueben la moción el funcionario podrá ser apartado de su cargo.
La congresista opositora María José Pizarro dijo que entre los muertos había menores de edad, indígenas y una mujer embarazada. Además hubo una presunta modificación de la evidencia para “alterar la posición de los cuerpos, moverlos de lugar y colocarles armamento” con el objetivo de “hacerlos pasar como combatientes”.
Las autoridades han negado dichos señalamientos desde que ocurrió el operativo militar el 28 de marzo en la zona rural de Putumayo, un departamento al sur del país fronterizo con Ecuador. Según el ejército estaba dirigido a combatir a disidentes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) integrada por quienes no se acogieron al proceso de paz firmado con el Estado en 2016.
El ministro Molano, quien se preparó para intervenir en el debate, dijo en días pasados que en el sitio no murieron “inocentes campesinos, sino integrantes de las disidencias” y que el objetivo del operativo era Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, alias “Bruno”.
Sin embargo, sobrevivientes y familiares de las víctimas denunciaron ante el Congreso que el ejército los atacó cuando partieron en una festividad y denunciaron presuntas irregularidades.
“Soy una víctima de la masacre que hubo en la vereda El Remanso de Putumayo, en la cual me acusaron como guerrillera. Tengo tres meses de embarazo y además tengo un proyectil cerca a mi columna poniendo el riesgo la vida mía y de mi hijo”, dijo una mujer de 17 años, quien omitió su nombre.
La Defensoría del Pueblo, encargada de velar por los derechos humanos en Colombia, concedió luego del operativo la muerte de Divier Hernández, un líder comunal, y su esposa que estaba embarazada.
“Sean justos, digan ‘cometimos un error, matamos campesinos’”, le pidió al ministro y al ejército Argemiro Hernández, padre de Divier, quien aseguró que la esposa de su hijo murió tras perder gran cantidad de sangre por una herida de bala. “Ella pidió que no la dejaran morir porque tenía dos hijos. Ninguno del ejército la auxilió”, agregó Hernández.
La operación militar ha sido calificada como “legítima” por el ejército y también defendida públicamente por el presidente colombiano Iván Duque, quien aseguró que tuvo un “trabajo de inteligencia previo”.
Tanto la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han exhortado al Estado colombiano a continuar investigando los hechos ocurridos en el Putumayo.
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