El Gobierno de Dina Boluarte informó este jueves que llamará a consulta a los embajadores peruanos en Argentina, Colombia, Bolivia y México, tras un comunicado publicado por los gobiernos de esos países donde expresaban su «profunda preocupación» por los sucesos en la nación andina y denunciaron el «hostigamiento antidemocrático» hacia el destituido expresidente pedro castillo.
“Con la señora Presidenta de la República hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima a nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú”, publicado la canciller Ana Gervasi en una actividad pública .
El pasado 12 de diciembre, los gobiernos de Argentina, Colombia, Bolivia y México hicieron un llamado a que se respetaran los resultados en las urnas y exhortaron a las instituciones públicas a que se abstuvieran de “revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” .
“Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un hostigamiento antidemocrático, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica el comunicado conjunto.
El pronunciamiento pide a las autoridades peruanas que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Castillo y que se le garantice la protección judicial”.
El presidente Gustavo Petro, de Colombia, dijiste en su cuenta de Twitter que “la crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, de México, insistió en que se debe respetar la voluntad del pueblo que eligió a Castillo, “que ganó democráticamente, que no se lo puede destituir, aunque esté en la Constitución, porque tiene una falla de origen”.
La Cancillería peruana rechazó el comunicado conjunto, señalando que el hecho de que Castillo haya tomado la decisión “en contra al orden constitucional y democrático” de disolver el Congreso e “intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia” constituyendo un “golpe de Estado”.
El fallido intento de cierre del congreso el 7 de diciembre, horas antes de la elección sobre una segunda moción de vacancia en su contra en el Parlamento, motivó la destitución de Pedro Castillo y posterior detención.
El ahora expresidente fue acusado por presuntos delitos de conspiración y rebelión que llevarían a la cárcel por 10 años.
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