La justicia peruana inauguró este martes una sala judicial exclusiva junto a una prisión en una zona periférica de Lima donde están encarcelados únicamente expresidentes, sentenciados o detenidos de forma preventiva.
La construcción sucede a otra antigua sala usada desde 2007 para juzgar al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 por la autoridad intelectual del asesinato de 25 peruanos durante su gobierno (1990-2000).
Fujimori fue el primer presidente peruano llevado a juicio y fue excarcelado en 2023 gracias a un indulto presidencial por razones de salud. Tanto la sala como la cárcel están dentro de un cuartel policial en una colina desértica de Lima.
La nueva sala judicial se usará para juzgar a otros dos expresidentes excluidos en la actualidad: Alejandro Toledo (2001-2006), investigado por presunto lavado de activos y corrupción, así como Pedro Castillo (2021-2022), indagado por Presunta rebelión y corrupción.
La sala “lamentablemente es para juzgar a los altos dignatarios de la nación”, dijo el presidente de la Corte Suprema Javier Arévalo en la inauguración. Luego de una pausa añadió, “quizá en un país no se debería estar en esta situación de juzgar a sus expresidentes”.
Otro presidente en líos es Ollanta Humala (2011-2016), quien enfrenta un pedido de 20 años de cárcel por el presunto delito de lavado de activos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht que sirvió para financiar las campañas presidenciales. Humala ya estuvo preso en la cárcel presidencial algunos meses entre 2017 y 2018.
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), también tiene un pedido de 35 años de prision por supuesto lavado de activos tras presuntamente recibir 12 millones de dólares de Odebrecht. Martín Vizcarra (2018-2020) enfrenta un juicio por denuncias de corrupción cuando era gobernador y por el que la fiscalía solicitó 15 años de cárcel.
Otro presidente, Alan García (1985-1990 y 2006-2011), se mató de un tiro en la cabeza en su dormitorio minutos antes de ser detenido en medio de una investigación por corrupción.
La fiscalía también ha denunciado ante el Parlamento a la actual presidenta Dina Boluarte para que al finalizar su gobierno en 2026 sea enjuiciada por presunta corrupción y por su supuesta responsabilidad en las muertes de manifestantes que exigían su renuncia en 2022.
La sala para juzgar a los expresidentes peruanos tiene 760 metros cuadrados, cuenta además con cuartos para magistrados, testigos e incluso uno para que los expresidentes esperen antes de ser llamados al banquillo.
También hay un cuarto para que los fiscales interroguen —en días diferentes a las audiencias— a sus investigados. Asimismo hay espacios para el público y para la prensa.
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