Los gremios de educadores y trabajadores que han encabezado las protestas sociales más grandes que se han registrado en Panamá en varias décadas se restauraron el martes para llegar a un consenso en la propuesta de demandas que presentaron al gobierno, en un nuevo intento de diálogo con el objetivo de poner fin a la crisis social que enfrenta el país centroamericano.
El gobierno panameño anunció el mismo martes la nueva apertura al diálogo, la cual contará con la mediación de la Iglesia Católica.
En medio de la expectativa por el inicio de las nuevas conversaciones, la policía arrojó gases lacrimógenos para dispersar una protesta en la provincia de Veraguas, en el centro del país y bastión de los educadores, que iniciaron las manifestaciones por el alto costo del combustible y los alimentos.
La policía replegó a los manifestantes y reabrió temporalmente el tramo de la Carretera Interamericana que ha sido obstruido durante las movilizaciones. Imágenes que circularon en la televisión mostraron nubes de humo, enfrentamientos y forcejeos entre la policía y los manifestantes. De momento no se había informado sobre una cifra de afectados y detenidos.
“Repudiamos estos hechos máxime cuando estamos iniciando este proceso de diálogo para construir un mejor Panamá”, dijo el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa. “A pesar de todos los obstáculos, queremos reafirmar la importancia de este encuentro”, dijo el prelado desde la provincia de Coclé, donde se retomó las conversaciones.
El diálogo reúne en su primera etapa a los líderes de las dos alianzas de educadores que lideran las protestas ya líderes indígenas que también se sumaron. Es la más incluyente de las conversaciones que se ha conformado desde que comenzaron las protestas hace casi tres semanas.
Las conversaciones para conformar una agenda única de demandas que concluyeron al gobierno en una segunda etapa de negociaciones, continuaba entrada la noche en la provincia de Coclé.
Las protestas y los cortes de carretera han ocasionado desabasto de alimentos en la capital, mientras que en las provincias del interior faltan combustibles e insumos médicos. También han afectado el tránsito de mercancías entre Centroamérica y Panamá.
Productores agrícolas dijeron que, a 16 días de protestas, las pérdidas en el sector superan los 130 millones de dólares. En tanto, las clases en las escuelas públicas funcionan paralizadas desde hace más de dos semanas.
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