El fallo emitido este jueves por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que dictó sentencia a favor de Nicaragua en el caso contra Colombia por “presuntas violaciones de derechos soberanos marítimos en el mar Caribe”, tensó aún más las relaciones entre ambos países que de hecho se encontraron fracturadas desde hace tiempo.
Desde el Parlamento nicaragüense los legisladores oficialistas tildaron de “histórica” la sentencia pero cargaron contra el mandatario colombiano, Iván Duque, que ha criticado al gobierno de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos y por los comicios electorales de noviembre pasado, en los que el mandatario se impuso para un nuevo mandato de cinco años más.
“Nos sentimos bendecidos, orgullosos, alegres, contentos, celebrando las victorias que son de la paz, del entendimiento y búsqueda de reafirmación y verdades porque nosotros no mentimos”, celebró la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Rosario Murillo. “Siempre han sido las verdades de Nicaragua reconocidas, pequeño pero grande en dignidad y soberanía, luchas y victorias».
El legislador oficialista Wilfredo Navarro, por su parte, expresó en la sesión de la Asamblea Nacional que la sentencia en La Haya “marca un hito histórico, trascendental”, pero acusó a Duque de desacatar los veredictos pasados.
“Colombia está tratando nuevamente de desconocer ese derecho soberano que reconoce La Haya y pretende desconocer la sentencia. Ellos que en el pasado han hablado de respeto a los derechos humanos son los primeros en violentarlos al desconocer un fallo internacional”, dijo Navarro en la sesión parlamentaria.
Además dijo que “el tribunal del mundo tendrá que juzgar a Colombia por su soberbia y las actitudes” del mandatario colombiano, al que llamó “gorila”, no solo porque desconoce los fallos internacionales, sino porque -afirmó Navarro- “violenta día a día los derechos humanos» en su país.
“Se atreverá el gorila Duque a salir a decir que es defensor de los derechos humanos, ¿será defensor cuando incumple una sentencia dada por el máximo tribunal de justicia?”, fustigó Navarro.
Desde Colombia, el presidente Iván Duque apuntó que en Nicaragua lo que existe es una “oprobiosa dictadura que desconoce los derechos fundamentales de la oposición, la prensa libre y la empresa privada”, por tanto, posiblemente que no enviaría a ningún embajador a Managua “hasta que se restituya la democracia”
“Somos claros hay una dictadura que pasa por encima del derecho internacional, los derechos humanos y las libertades, en fin, claramente con Nicaragua no hay ninguna posibilidad de que entremos a una negociación de un tratado”, subrayó Duque a los medios colombianos.
Colombia despegó al embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel en febrero de este año luego de que Ortega tildara a ese país de ser un “narcoestado” en donde sus líderes sociales son asesinados a diario.
La Cancillería de Nicaragua por su parte recibió una nota de protesta por parte del gobierno de Iván Duque en donde rechazo a las declaraciones de Ortega, aclarando que Colombia ha sido víctima del narcotráfico y que es un país que respeta las libertades y la democracia.
Analistan dicen que las tensiones políticas no deben interrumpir en veredicto
Algunos analistas consultados por la Voz de América señalan que las tensiones entre los gobiernos no deben interferir en el fallo del máximo tribunal de justicia internacional, aunque aclaran que el beneficiario al final es Nicaragua.
“La sentencia de la Corte Internacional de Justicia es en favor de la soberanía territorial de Nicaragua como país y no en favor de la dictadura. Beneficia a todos los nicaragüenses, principalmente cuando tengamos democracia. Respaldar la sentencia en ningún modo significa avalar o respaldar al régimen ilegítimo”, dijo a la VOA vía telefónica el analista político de Managua Enrique Sáenz.
En tanto vía correo electrónico, el experto en derecho internacional, Julio Icaza Gallard, exrepresentante de Nicaragua en las Naciones Unidas, excluye que se espera que el gobierno de Iván Duque cumpla al otoño de 2012 ya esta nueva sentencia y que, dada la proximidad de las elecciones generales en ese país, será responsabilidad de quien le suceda en la Presidencia.
“Defender la soberanía e integridad territorial es obligación de todo Estado. Esa defensa debe sin embargo hacerse en el marco del derecho internacional, en cuyo respeto la hermana República de Colombia siempre se ha destacado. Esperamos que esta sentencia allane el camino para dar cumplimiento a la sentencia de 2012 y conduzca a un diálogo constructivo entre ambos países”, concluyó el experto.
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