De acuerdo con la Comisión de Investigación sobre Ucraniacreada hace un año a petición del Consejo de Derechos Humanoslas tropas rusas cometieron una “amplia gama” de violaciones en todo el país, muchas de las cuales son crímenes de guerra.
Estos incluidos ataques con armas explosivas en zonas pobladas, homicidios dolosos de civiles, reclusión ilegal, tortura, violación y otros actos de violencia sexualasí como traslados y deportaciones ilegales de niños.
Además, los ataques rusos contra la red energética de Ucrania dejó a millones sin luz en temperaturas bajo cero.
Hablando en Ginebra, el presidente Erik Møse dijo que la Comisión encontró que “las oleadas de ataques del 10 de octubre de 2022 contra la infraestructura relacionada con la energía de Ucrania por parte de las fuerzas armadas rusas y el uso de la tortura por parte de las autoridades rusas pueden constituir crímenes contra la humanidad”. , recomendando más investigaciones.
Patrón de crímenes de guerra
Para el informe, que cubre nueve regiones ucranianas, los investigadores visitaron 56 pueblos y entrevistaron cerca de 600 testigos.
Los resultados se basan en las conclusiones de la Comisión primer informe publicado en octubre del año pasado, que descubrió que se habían cometido crímenes de guerra por Rusia en las regiones de Kyiv, Chernihiv, Kharkiv y Sumy, al principio del conflicto.
Ataques a infraestructura civil
Según los comisionados, las fuerzas armadas rusas cometieron Ataques “indiscriminados y desproporcionados” en zonas con alta concentración de civiles, lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario.
Estos ataques afectaron edificios residenciales, hospitales y comercios, causando víctimas civiles e indicando un “patrón de desprecio por parte de las fuerzas armadas rusas para el requisito de minimizar el daño civil”.
Necesidad de nuevas investigaciones sobre la tortura sistemática
Un hallazgo clave del informe se relaciona con el confinamiento ilegal “generalizado” en áreas controladas por las fuerzas armadas rusas, que va de la mano con Métodos de tortura “consistentes” por las autoridades rusas.
El comisionado Pablo de Greiff dijo que las autoridades rusas utilizaron la tortura de manera “sistemática” en las áreas investigadas por la Comisión, y que hubo “elementos de planificacion y disponibilidad de recursos” indicando que las autoridades rusas puede haber cometido crímenes contra la humanidad.
Agregó que la Comisión recomendó más investigaciones “para determinar si esas violaciones se han cometido en cumplimiento de una política específica”.
Violencia sexual y deportación de niños
El informe destaca “numerosos” casos de violación y violencia sexual cometidos por personal militar ruso, en particular durante registros domiciliarios en ciudades que quedaron bajo su control, y en detención. La comisaria Jasminka Džumhur dijo que la las víctimas fueron hombres, mujeres y niños de 4 a 82 años.
Otro crimen de guerra cometido por las autoridades rusas es el traslado y deportación de niños que perdieron a sus padres o fueron separados de ellos, desde Ucrania hasta Rusia. El informe afirma que estos traslados “no estaban justificados por razones médicas o de seguridad” y, por lo tanto, son contrarios al derecho internacional humanitario.
Según testigos entrevistados por la Comisión, “muchos de los niños menores trasladados no pudieron establecer contacto con sus familias y podrían perder contacto con ellos indefinidamente”.
La Comisión también documentó una “número limitado” de violaciones cometidas por las fuerzas armadas ucranianasincluidos dos incidentes calificados como crímenes de guerra, en los que se disparó, hirió y torturó a prisioneros de guerra rusos.
Necesidad de responsabilidad
El informe destaca la “profunda pérdida y el trauma” de los sobrevivientes y recomienda que todos los perpetradores de violaciones y crímenes rindan cuentas a través de procedimientos judiciales de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos“ya sea a nivel nacional o internacional”.
La Comisión también hizo un llamado a un enfoque “integral” de la rendición de cuentas que incluya tanto la responsabilidad penal como el derecho de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.