En lo que va del año, se han registrado 46 feminicidios y 10 infanticidios en Bolivia, dejando luto y dolor en numerosas familias que piden justicia y reclaman castigos más severos para los agresores.
Son los casos de Samantha y su hija de apenas dos años, que fueron cruelmente asesinadas. Y el de José Andrés, de nueve años, que encontró la muerte cuando se dirigió a su centro educativo.
Tania Sánchez, directora de la Asociación Coordinadora de la Mujer, dijo a la Voz de América que, “la extrema crueldad y la premeditación de los perpetradores, como en el caso en La Paz de Samantha, que murió degollada junto a su niña (…) el hecho de que esto se está planificando”, les llama la atención y creen que es una razón de lucha.
Varios casos revelaron que los agresores ya tenían antecedentes e incluso sentencias en firme en su contra y fueron liberados. Por eso, organizaciones, activistas, legisladores y parientes de las víctimas apuntan a los operadores de justicia y reclaman que se valoren propuestas como la pena de muerte, la castración química o la sumatoria de condenas.
Para Sánchez, se debe “hacer un seguimiento más estrecho” y “castigar la corrupción” debido a que “hay mucha prebenda o chicanería para con las víctimas y familias”.
César Siles, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales de Bolivia, dijo a la prensa que es necesario «avanzar contra ciertos delitos que están ocurriendo con mayor frecuencia».
“Hablar de otro tipo de medidas que van a modificar la Constitución Política del Estado requiere reforma constitucional”, agregó.
El Tribunal Supremo de Justicia informó esta semana que en Bolivia existen 467 personas declaradas en rebeldía, en casos que involucran agresiones y abuso sexual en contra de mujeres y menores de edad.
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