El Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó el miércoles ante el Consejo de Seguridad el más reciente informe, el cual reconoce los avances en la implementación en el acuerdo de paz logrado en 2016 entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el trabajo del actual gobierno del presidente Gustavo Petro en la consolidación de la paz.
En informe del secretario general de la ONU sobre Colombia, que abarca el período del 27 de marzo al 26 de junio de 2023, resaltó las disposiciones del Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con la paz, la mayor atención prestada a la reforma rural integral y la disposición de fondos muy necesarios para la implementación del Acuerdo de Paz.
Ruiz Massieu también destacó la creación del Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, así como sus avances en la creación de mecanismos para avanzar en la implementación del capítulo étnico del acuerdo. “Pasos muy importantes para mejor las situaciones de las comunidades indígenas y afrocolombianas, y de otros grupos vulnerables”, dijo.
Según el representante, «los avances registrados en el último informe del secretario general son un indicador de que la puesta en práctica está tomando impulso en varios puntos del acuerdo, incluidos los que quedaron rezagados, a pesar de tener el mayor potencial para hacer frente alas causas profundas del conflicto».
No obstante, enfatizó la importancia del nombramiento de un funcionario del gobierno que supervisa la aplicación del acuerdo.
Violencia aún es un desafío
Ruiz Massieu lamentó que la violencia «siga obstaculizando el potencial del Acuerdo», pero confía en que “recientes medidas en relación con garantías de seguridad, como la adopción de una nueva Política de Seguridad y Defensa, den pronto sus frutos y contribuyan a mejorar la situación en las regiones afectadas por el conflicto”.
También se mostró preocupado por la persistente violencia contra los líderes campesinos, reclamantes de tierra y excombatientes, pues señaló que cinco de ellos han sido asesinados desde la publicación del informe, y dijo que es necesario hacer «mucho más» para proteger a los líderes sociales . Así mismo, condenó el reciente ataque armado contra miembros de la Iglesia Católica en Caldono, Cauca.
Según el reciente informe de la Misión de Verificación, 12 excombatientes fueron asesinados en ocho departamentos, duplicando los casos del informe pasado, que abarca los casos de enero a marzo de 2023. En cuanto a los homicidios, el informe reporta 12, uno más que en el mismo periodo del año pasado 2022.
Además, hizo un llamado a actores los armados ilegales para que respeten las elecciones locales y regionales en Colombia, que se realizarán en octubre, sin amenazas, ya las autoridades para que tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los comicios, que además garantizaron la participación política de las mujeres.
El trabajo de la JEP
El representante también resaltó el trabajo que viene realizando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado tras el acuerdo de paz que firmó en 2016 el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ante la cual comparecen miles de exguerrilleros, militares y civiles que estuvieron involucrados en el conflicto.
Para Ruiz, la JEP continúa avanzando en los casos que incluyen nuevas imputaciones: «Las voces de las víctimas demandando verdad, justicia, reparación y no repetición han resonado con fuera en recientes audiencias» y los comparecientes de la fuerza pública reconocida han «impactantes testimonios», en los que han reconocido su responsabilidad en «ejecuciones extrajudiciales, crímenes que ilustran la degradación del conflicto».
También reconoció la presencia de funcionarios del gobierno en esta diligencia, pero se solidarizó con las amenazas denunciadas el martes por el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, y manifestó que las víctimas y organizaciones de la sociedad civil persisten en la búsqueda de justicia ya la espera de decisiones de la JEP por crímenes relacionados con la violencia sexual en el marco del conflicto.
La reincorporación
Ruiz Massieu enfatizó en la importancia de acompañar procesos de reincorporación e hizo eco al secretario general de la ONU, António Guterres, al elogiar el nuevo enfoque del gobierno relacionado con » la sostenibilidad, la reincorporación comunitaria con énfasis en la reconciliación, en el acceso a la tierra, a las cuestiones de género y el empoderamiento de las mujeres».
En el informe, el secretario destaque la estrategia de sostenibilidad aprobada por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) para los proyectos productivos colectivos y el trabajo del gobierno en los procedimientos y recursos para el acceso y compra de tierras para excombatientes, así como los avances legislativos relacionados con la reforma rural integral y la aprobación de la Jurisdicción Agraria.
La importancia de los dialogos
La Misión de la ONU también resaltó la intención del Gobierno del presidente Gustavo Petro de poner fin al conflicto, así como los diálogos que adelantaron con diferentes grupos armados.
«El impulso del gobierno a la implementación en aspectos clave del acuerdo de paz ha ido en paralelo con esfuerzos de diálogos de grupos armados de distintas naturalezas. Estos dos vertientes son complementarios y se refuerzan limitadores»; Dijo el representante de la ONU.
Incluso, calificó de «muy alentadores» los resultados alcanzados en Cuba, en el tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el ELN, y resaltó el cese de acciones ofensivas entre las partesque entró en vigor la semana pasada y la pronta instalación del Comité Nacional de Participación.
También destacaron los acercamientos del gobierno con las disidencias de las FARC, con quienes se instalará una mesa de paz, la semana pasada. “Espero que la construcción de confianza entre las partes continúe, y que pronto tengamos desarrollos respecto al inicio formal de las negociaciones y un renovado cese al fuego nacional”, dijo Ruiz Massieu.
Por su parte, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, resaltó ante el Consejo de Seguridad tres temas fundamentales: primero, que «el diálogo entre las partes del Acuerdo de Paz de 2016 es un elemento esencial en la implementación y que éste seguirá siendo la columna vertebral de la política nacional de paz total».
Luego, llamó la atención frente a la importancia de que la justicia especial para la paz «acoja a cabalidad lo pactado por las altas partes contratantes que dieron lugar a su origen» y, finalmente, destacó la relación entre la implementación del Acuerdo de 2016 y las iniciativas de diálogo que adelantan el gobierno en el marco de la política de paz total.
Sobre los diálogos con ELN, manifestó que «avanzan de manera positiva y han logrado resultados concretos» y que grupos forman «atentos a que los negociadores» presentaron los protocolos del cese del fuego pactado el pasado 9 de junio. Por otro lado, resaltó la importancia de «la participación de la comunidad internacional como garantía y fiscal de lo pactado», pues, según él, «cobra la mayor relevancia para el éxito de los procesos».
Finalmente, el representante Especial, reiteró en la importancia de la contribución de la ONU en la consolidación de la paz en Colombia, a través del monitoreo y la verificación de los ceses al fuego, lo cual debe ser autorizado por el Consejo de Seguridad. «Colombia atraviesa por un momento crítico en el que la voluntad de las partes decididas, con el respaldo de la comunidad internacional, puede consolidar procesos de paz incipientes», insistió.
Las delegaciones internacionales que participaron en el Consejo de Seguridad, como Japón, Brasil, Suiza, Ecuador y el Reino Unido, entre otros, resaltaron los aspectos positivos de los avances de la implementación y expresaron su apoyo al proceso.
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