La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alerto de la presencia de “grupos armados no estatales” en zonas de las 16 circunscripciones de paz en Colombia y del impacto negativo de estos en “la seguridad” del proceso electoral que tendrá lugar en mayo.
De acuerdo con un informar presentado por la oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia -en el marco del quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC– se ha registrado un incremento de las violaciones de los derechos humanos durante el último año en diferentes zonas del país.
El documento hace hincapié en que uno de los mayores obstáculos a la paz es la presencia limitada del Estado, sobre todo de las autoridades civiles, en muchas zonas del país, lo que permite que se produzcan muchos asesinatos y otros actos violentos.
El organismo instó al Estado colombiano a “tomar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y de todo tipo de violencia”.
Un 2021 violento
El informe, de la oficina presidida por Michelle Bachelet, revela que 2021 fue un año especialmente violento en Colombia.
ONU Derechos Humanos recibió información sobre 100 casos de posibles masacres en 2021, de las cuales verificaron 78 casos, dos siguen en proceso de verificación y 20 fueron considerados como no concluyentes.
En las 78 masacres verificadas se registraron 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, cinco niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos: siete indígenas y seis afrocolombianos). Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
Además, entre enero y noviembre de 2021, 72.388 personas, entre ellos 12.848 menores, se vieron desplazadas, triplicando casi la cifra que se ganó en 2020 de 26.291.
La ONU, a través de su Misión de Verificación, también constató el asesinato de 54 antiguos integrantes de las FARC-EP y recibió 202 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su trabajo.
En cuanto a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, la ONU recibió 100 alegaciones de muertes de las que verificaron 54 casos. De ellos, 29 se dieron por el uso necesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de protestas sociales.
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