Una nueva ley promulgada en Bolivia tiene un objetivo claro para el gobierno del presidente Luis Arce: “No más impunidad ni jueces prevaricadores”.
Eso dijo Arce al promulgar la pasada semana la Ley de Protección a Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación, que establece los endurecimientos de las penas para los agresores y corruptos operadores de la justicia.
La normativa que se pone en marcha, según explicó el ministro de Justicia, Iván Lima, es fruto del trabajo realizado por una comisión creada hace meses, con el objetivo de encontrar a feminicidas e infanticidas que fueron liberadas. Este proceso llevó a intervenir 18 juzgados, recapturar a 21 criminales sentenciados e iniciar procesos contra 15 jueces que otorgaron libertad a estos.
Aunque activistas y colectivos de defensa de los derechos de mujeres y niños ven de manera positiva esta ley, también considerando que el camino para una verdadera política de prevención contra la violencia aún es muy largo y se deben generar cambios estructurales en el sistema.
“Estamos contentos con esta ley porque creemos que va a favorecer a las víctimas (…) Esta normativa apunta a los que manejan mal el sistema judicial porque están cometiendo un delito y deben ser sancionados”, dice a la Voz de América Fátima Terrazas, presidenta del colectivo “Mujeres de Fuego”, una organización que trabaja en la defensa de las víctimas de violencia y tiene presencia a nivel nacional.
La violencia no se detiene
Según la Fiscalía General del Estado en el primer semestre de este año se registraron 21 infanticidios y 48 feminicidios en Bolivia. Las causas principales de las muertes violentas son: asfixia, los golpes o traumas y el uso de armas blancas o intoxicación por sustancias.
Además en este lapso de tiempo también se reportaron cerca de 25.000 denuncias de violencia, esto significa un incremento del 12 % con respecto al mismo período del año pasado.
El Gobierno boliviano declaró esta gestión como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con el fin de establecer “soluciones estructurales para los casos de violencia contra las mujeres”.
“Nueve de cada 10 víctimas de violencia familiar o doméstica durante la gestión 2021 fueron mujeres (…) Los delitos de mayor comisión en el Estado Plurinacional de Bolivia son los de la violencia familiar o doméstica que ocupa el primer lugar en todos los departamentos del país ”, dijo la ministra de la Presidencia María Nela Prada, al hacer el anuncio oficial en enero.
Las cifras son preocupantes y las historias que se difunden cada día en los medios de comunicación muestran que la violencia no se detiene y además que la crueldad de los delitos contra mujeres y niños es mayor.
“Solo pido justicia”
La vida de Pilar Reyes ya no es vida. Esta madre boliviana sufre un verdadero calvario desde hace seis años cuando su hija de 16 años fue asesinada por el integrante de una pandilla. El autor del hecho recibió una condena de 30 años de prisión, pero el 2021 fue liberado y huyó del país. La voz que tomó esta decisión ahora enfrenta un proceso por incumplimiento de deberes y prevaricato por haber permitido que un sentenciado salga de prisión.
Sin poder contener el llanto, Pilar Reyes contó a la Voz de América cómo tuvo que dejar su casa en una zona rural del departamento de Cochabamba para trasladarse a la ciudad en busca de una condena para el asesino de su hija. Una de las limitaciones fue su idioma nativo, el quechua, que le impidió comunicarse de manera más fluida, también las trabas burocráticas que encontraron en los juzgados y amedrentamientos para que deje el caso.
“En el campo me humillan, en los juzgados me maltratan, pero no me voy a rendir yo quiero que haya justicia para mi hija”, relata Pilar.
La presidenta de la organización Mujeres de Fuego, Fátima Terrazas, quien junto al colectivo le brindó apoyo y ha seguido el caso destacado: “El coraje que tiene esta madre que ya es de la tercera edad es un verdadero ejemplo, no se rinde. Incluso cuando hay una audiencia de otro caso similar va a colaborar porque ella sabe lo que es peregrinar”.
La situación de Pilar es similar a la de muchas mujeres en Bolivia. Las críticas de organizaciones feministas, colectivos, activistas y juristas de derechos humanos apuntan a las deficiencias del sistema judicial y la forma en que los fiscales, vocales y jueces favorecen más a los criminales, asegura Terrazas.
Explica que las víctimas, ya sin esperanza, con frecuencia abandonan los procesos, en parte porque esperan por mucho tiempo una justicia que no llega.
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