Miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela habían desarrollado operaciones conjuntas con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional en la disputa por el control de la frontera, anunció Human Rights Watch el lunes.
Desde enero de este año los combates entre grupos armados ilegales han obligado a desplazarse a más de 3.800 personas en los departamentos fronterizos de arauca, en Colombia, y Apure, en Venezuela, y se han registrado decenas de asesinatos. Los enfrentamientos en esta zona estratégica de paso de contrabando y narcotráfico son entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
HRW, una organización internacional de derechos humanos, denunció que algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana habrían sido “cómplices de abusos” contra la población civil al apoyar al ELN en su ofensiva contra las disidencias de las FARC, de acuerdo con un informe llamado “Colombia/Venezuela: Abusos de armados grupos en zona fronteriza” que está basado en entrevistas a más de 100 personas y visitas al terreno en Arauca y Vichada.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, denunció en febrero el presunto apoyo de las fuerzas militares venezolanas al ELN para “sacar de Apure a las disidencias de las FARC que les estaban robando rutas de narcotráfico, que los estaban confrontando”.
El gobierno de Nicolás Maduro ha negado dicha complicidad y ha asegurado que está combatiendo a los grupos “Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia” (Tancol) a los que acusa de estar “infiltrando” su país con apoyo de la “oligarquía colombiana”.
Para HRW, las operaciones de las fuerzas militares de Venezuela contra grupos los armados colombianos “parecen haber tenido como objetivo” a las disidencias de las FARC que se enfrentan con el ELN y no a “otros grupos”.
La guerrilla de las FARC, la que fuera la más antigua de América Latina, hizo en 2016 un acuerdo de paz con el Estado colombiano para frenar más de cinco décadas de conflicto interno. Entregaron las armas más de 13.000 combatientes, sin embargo, un grupo no se acogió y otro desertó con el pasar de los años. Así nacieron las disidencias de las FARC que están divididas e incluso se enfrentaron entre ellas. Se pueden dividir en dos grandes bloques: la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, quien fue un negociador de paz de las FARC; y las disidencias de alias “Gentil Duarte” que tiene bajo su mando el Comando Conjunto del Oriente.
En su informe, HRW denunció que tanto el ELN como las disidencias de las FARC han cometido “múltiples abusos, inclusión de asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado”.
En ambos lados de la frontera la población civil, agregó HRW, ha quedado en medio de los enfrentamientos y en varios casos han sido acusados de pertenecer al grupo armado enemigo o han sido reclutados forzosamente para combatirlo.
HRW documentó varios casos, entre ellos el de Álvaro Peña Barragán, de Arauca, asesinado por hombres armados el 25 de enero. Durante su funeral, según un testigo, fue asesinada su esposa Rosalba Carmenza Tarazona Ortega. “La evidencia inicial indica que miembros del Comando Conjunto de Oriente asesinaron a ambos alegando que habían cooperado con el ELN, según dijeron funcionarios locales a Human Rights Watch”.
Entre enero y febrero se registraron 103 asesinatos en Arauca, según la policía colombiana. De acuerdo con HRW se trata de la cifra de homicidios más alta reportada en el mismo período desde 2010. “Varias fuentes creíbles indicaron que algunas de las personas asesinadas pueden haber sido miembros de grupos armados, pero otras eran civiles”, indicó el informe.
El documento incluye recomendaciones de HRW para el gobierno colombiano al señalar que la respuesta humanitaria para atender a las víctimas de desplazamiento en Arauca ya quienes huyeron de Apure ha sido “insuficiente”, por lo que pide que se realice un “diagnóstico integral” de la población afectada y se garantizó un estatus legal en Colombia para los venezolanos que huyeron de Apure.
También le pide a la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas que investigue las denuncias por presunta complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con grupos armados ilegales colombianos.
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