El gobierno de Colombia y las disidencias de las FARC informaron el viernes que se postergó de manera indefinida la instalación de la mesa de diálogos de paz porque aún no se han completado las condiciones para iniciarlos.
En un comunicado conjunto, las partes señalaron que, en primera instancia, aún no se ha levantado la orden de captura para los líderes subversivos que participarán en la negociación. También considerando necesario ajustar los mecanismos de participación ciudadana en la mesa, con el fin de garantizar que sea “amplia y diversa”.
Además, planteó la necesidad de afianzar con “celeridad y responsabilidad” el funcionamiento pleno de los mecanismos de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral, con “participación activa de representantes de la sociedad civil”.
La decisión de postergar la instalación oficial de la mesa de negociaciones de paz se tomó durante una reunión en las selvas del Yarí, en el departamento de Caquetá, en la que los delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron con el comisionado de paz Danilo Rueda, al igual que con representantes de los países garantes y de la Iglesia católica.
Otro de los puntos que se acordaron es que se procurará que la mesa de diálogos sea itinerante en regiones de Colombia, y se extenderá que por lo menos uno de los ciclos de la negociación se desarrollará en alguno de los países europeos garantes del proceso.
En un principio, luego de un acto con la base subversiva en el Yarí, las disidencias de las FARC —lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”— habían anunciado a mediados de abril que las negociaciones iban a comenzar el 16 de mayo , pero por parte del gobierno colombiano no se había confirmado aún una fecha de inicio.
Los acercamientos con ese grupo armado ilegal, compuesto en gran medida por quienes no se sometieron al proceso de paz desarrollado durante el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos en 2016, forman parte de la “paz total” que intenta alcanzar el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Con ese grupo de disidentes, que se estima que tienen más de 2 mil hombres en armas y mil más en las redes de apoyo, el gobierno plantea una negociación política como la que ya empezó con el Ejército de Liberación Nacional, otra guerrilla de gran envergadura en el país.
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