El Congreso peruano no alcanzó los votos necesarios para destituir al presidente Pedro Castillo el pasado lunes 28 de marzo. La oposición cambió tan solo que 55 parlamentarios se unieron a su causa, muy lejos de los 87 que se requieren, según manda la Constitución. Sin embargo, más allá de cifras, la confrontación y la inestabilidad han sido el común denominador en estos ocho meses de este quinquenio presidencial.
Alguien que sabe perfectamente este escenario en el país sudamericano es el ex presidente Martín Vizcarra, quien concedió una entrevista exclusiva a la Voz de América para hablar sobre la confrontación entre el Gobierno y el Congreso, así como lanzar su propuesta, que según él, permitiría salir de la crisis política que vive el país.
“Esta crisis se vive en la continuación del quinquenio pasado. Hay una clase política que ha estado acostumbrada a tomar las decisiones más importantes para la conducción del Perú. No se resignan a dejar la parte ejecutiva del Estado. Por eso, buscan la forma de retirar al presidente. Ocurrió con el expresidente Kuczynski, conmigo y ahora con Pedro Castillo”, dice Vizcarra, quien además recuerda cómo sufrieron los procesos de vacancia en 2020.
Estos tuvieron relación con la contratación irregular de un artista llamado Richard Swing y por presuntos actos de corrupción cuando era gobernador regional en Moquegua entre 2011 y 2014.
“Las dos veces que he ido y las otras dos para dar un mensaje a la nación como presidente de la República, fui con las ideas muy claras sobre qué rumbo queríamos para el país y las medidas que estamos implementando para lograr nuestros objetivos. Respondimos los cuestionamientos por los cuales se dio la vacancia y fuimos claros. Sin embargo, la decisión terminó siendo política y no se ajustó a la Constitución”, agrega el expresidente peruano a VOA.
Por la experiencia vivida, Vizcarra desglosa sus argumentos en contra de la vacancia con la Carta Magna en la mano.
“Las causales de la vacancia están establecidas claramente en la Constitución”, señala el expresidente. En efecto, los artículos 113 y 117 son claros: muerte o renuncia del jefe de Estado, declarase su incapacidad moral o física para el cargo, salir del territorio nacional sin permiso, impedir las elecciones generales, disolver inconstitucionalmente el Parlamento y evitar el funcionamiento del sistema electoral. En ese marco, Vizcarra cuestiona los 20 puntos que llevó al presidente Castillo al Congreso.
“Tú no puedes vacar a un presidente por incompetencia, por no cumplir sus promesas, porque coloca a ministros sin el perfil adecuado. Todo eso es condenable, pero eso no son argumentos para vacarlo”, sostiene. El expresidente no desaprovecha, sin embargo, la oportunidad para criticar a quien lidera actualmente el Ejecutivo en Perú.
VOA:¿Cómo vio a Castillo en campaña electoral y sus primeros pasos en el poder?
Vizcarra: Yo lo vi como un presidente con falta de conocimientos y preparación. Sus propuestas no eran sustentadas y no había coherencia en lo que se proponía. Tenía la esperanza de que una vez que esté en el gobierno, iba a convocar a personas capacitadas de la izquierda, que hay muchas. Pero no ha ocurrido eso.
En el contexto de la segunda vuelta del año pasado, Vizcarra tuvo una actitud neutral. No llamó a voto por Castillo ni tampoco por su rival Keiko Fujimori, quien había sido su adversaria política cuando estuvo en el poder. Luego, reveló que vició su voto porque pensaron que las dos alternativas no eran buenas para el país.
Etapas marcadas
Vizcarra explica que, durante estos ocho meses, el Gobierno de Castillo ha tenido tres etapas. La primera fue con la influencia del partido Perú Libre, de Vladimir Cerrón, un neurocirujano que se declara marxista-leninista y maoísta, que buscó implementar sin éxito un plan con ideas muy radicales y acordes a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua en los 60 días iniciales del régimen.
La segunda consistió en la participación de figuras de la izquierda progresiva y de centro, que finalmente fueron desembarcadas por Castillo al observar que la unidad de su bancada en el Congreso estaba en peligro y pudo sumarse con sus 37 votos a su destitución. Y la tercera etapa es que, ahora, solo se busca la supervivencia del régimen con el reparto de cuotas a sus aliados ocasionales en el Congreso.
“Estamos en el peor de los escenarios. Ya no les interesa el gobierno como concepto de progreso sino de cómo se quedan. Aquí se puede dar un régimen donde prima la cleptocracia e ineptocracia”, apunta Vizcarra.
El 1 de febrero, Vizcarra dijo que el cuarto gabinete de Pedro Castillo iba a definir el rumbo de su gestión. Es decir, si contribuía a su viabilidad o, simplemente, acentuaba aún más su ingobernabilidad. Como se sabe, el ministro de Justicia Aníbal Torres fue elegido como nuevo primer ministro a pesar de los graves cuestionamientos que había sobre él por haber despedido a un procurador que denunció al presidente por corrupción ante el Ministerio Público.
“Ya había tenido el tiempo suficiente para que sea consciente de que no está gobernando bien y era la oportunidad después de tres intentos fallidos de gabinetes, pero quedó claro que no hay ninguna voluntad de cambio para mejorar su gestión por parte de Castillo”, dice Vizcarra a la Voz de América.
El expresidente hace énfasis en que, además, Castillo solamente se ha rodeado de su entorno familiar y paisanos que no tienen la experiencia ni los conocimientos de la materia que deben desarrollar dentro del Estado. A esa incompetencia mostró, también se relaciona con denuncias por corrupción como la existencia de un despacho paralelo fuera de Palacio de Gobierno que, en noviembre pasado, se reveló que estaba ubicado en un distrito de Lima y un incidente con la empresaria Karelim López, quien lo acusó de liderar un cartel que solicitaba dádivas a contratistas que ejecutaban proyectos adjudicados por el ministerio de Transporte y Comunicaciones.
“El Perú no soporta cinco años de esta manera de hacer gobierno”, menciona Vizcarra, que también apunta que Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta del país, tampoco duraría como eventual reemplazo de Castillo porque “sería alargar la agonía” . Actualmente, ella está siendo investigada por el supuesto delito de lavado de activos por aportes dudosos a las últimas campañas electorales de su partido Perú Libre en 2020 y 2021.
propuesta
El 9 de febrero, durante una entrevista con CNN, Vizcarra planteó que haya un adelanto de elecciones generales para salir de la crisis política en Perú. Este escenario no le es ajeno: el 28 de julio de 2019 también puso esta carta sobre la mesa cuando su gobierno cuestionó que la oposición realizó una serie de modificaciones a la reforma de la política. Finalmente, el proyecto para adelantar los comicios al 2020 no prosperó, ya que fue archivado en la Comisión de Constitución. Después vendría la disolución del Parlamento en septiembre y se volvió a elegir uno nuevo, que terminó vacando al expresidente.
“Si el Congreso quiere solucionar y sacar a Castillo, tiene que actuar bajo un principio de desprendimiento y grandeza. Como ellos son padres de la patria, tienen que hacer una reforma constitucional para aprobarlo en dos legislaturas ordinarias. Se necesita establecer el adelanto de elecciones de manera excepcional para salir de la crisis política en Perú”, sostiene Vizcarra. Para él, es la única vía y no observa como factible la propuesta lanzada por el expresidente Francisco Sagasti en un artículo publicado en el diario La Repúblicadonde se mencionaba la posibilidad de la recolección de más de 70.000 firmas para adelantar las elecciones generales.
“Recolectar firmas para pedir el adelanto de las elecciones va tomar todo un año para que finalmente llegue al Congreso”, dice Vizcarra.
VOA: ¿No cree que, si el Gobierno y el Congreso se protegen, las firmas de ciudadanos indignados que piden la salida de los que lideran ambos poderes del Estado no empujarían a que se convoquen a las nuevas elecciones generales?
Vizcarra: Si se pudiera con las firmas, sería el primero que firmaría el planillón para sacar al presidente. Pero, según establece la Constitución, solo esas firmas sirven para solicitar al Congreso que tome las decisiones. Pueden determinar que llegaron las 75.000 o un millón de firmas. Muy bien, va a la Comisión de Constitución, donde los congresistas dicen no estar de acuerdo y lo archivan, como pasó con mi propuesta en 2019.
El expresidente insiste en que el Gobierno y el Congreso deben evaluar el sentir que hay en la calle. Según la última encuesta de Ipsos Perú, Pedro Castillo está desaprobado con más del 60%, mientras que los parlamentarios concentran más del 80% de rechazo. “Más de 20 millones de peruanos piden las salidas de Castillo y Maricarmen Alva, presidenta del Congreso, para que faciliten de manera ordenada unas nuevas elecciones”, opina Vizcarra.
VOA: ¿El remedio no sería peor que la enfermedad? Usted cerró el Congreso y, después, la calidad de los parlamentarios que se eligieron fue muy mala. Con el adelanto, los que salgan electos también podrían ser cuestionados.
Vizcarra: Lo que pasa es que, cuando se dio el cierre del Congreso, luego los que fueron elegidos era para culminar el periodo. Hicieron una serie de reformas políticas para que las elecciones fueran con nuevos parámetros. Ahora vemos un retroceso en las reformas que perjudican la gobernabilidad.
VOA: ¿No cree que con un adelanto de elecciones tengamos otra vez como opciones a candidatos de la extrema y la extrema derecha?
Vizcarra: Precisamente, las últimas elecciones han sido una disyuntiva entre votar por la extrema derecha e izquierda. Sin embargo, creo que los peruanos se han dado cuenta de que la izquierda no funciona como gestión en el gobierno y la extrema derecha solo busca resguardar sus privilegios de toda la vida. La mayoría no pertenece a ninguno de ellos y estamos ubicados en el centro, que apuesta por la inversión privada para generar desarrollo de los peruanos. Hay propuestas de centro que no han sido valoradas y consideradas en esta elección. Creo que con un nuevo comienzo será una opción factible.
Finalmente, el expresidente Vizcarra considera que el Tribunal Constitucional también tiene responsabilidad en esta crisis al no aclarar qué se entiende por incapacidad moral permanente como causal de vacancia del jefe de Estado.
“Es un término amplio y vago. Debe precisarse”, recalca. Sostiene que el próximo Congreso y Ejecutivo deben ponerse de acuerdo para definirlo y así evitar interpretaciones antojadizas en el futuro.
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