La exjueza Erika Aifán, quien en los últimos cinco años tuvo su cargo el enjuiciamiento de algunos de los casos emblemáticos de corrupción, crimen organizado y delitos de alto impacto en Guatemala, en conversación con la Voz de América y reflexiona sobre el trabajo realizado en el pais centroamericano.
“Ya no existen garantías del Estado de derecho”, dice y argumenta con su propia experiencia personal.
Desde que fue señalado como titular del Juzgado Alto Riesgo D, narra que comenzó el acoso desde múltiples frentes e instancias como la Fundación contra el Terrorismo Guatemala, un ente de extrema derecha que cabildea, denuncia y promueve en múltiples plataformas el descrédito de los operadores de justicia del país que trabaja sobre casos de violaciones a derechos humanos, corrupción y crimen organizado.
Pero más grave aún –según la jurista- son los temores para jueces independientes que ven la cooptación cada vez más patente de estructuras del crimen organizado dentro del apartado de justicia del país y de los otros órganos del Estado, lo que impide impartir justicia.
La exjueza Aifán habla desde la capital estadounidense con la VOA –en perspectiva ya distancia del cargo que desempeñó durante casi 20 años de carrera profesional en Guatemala-, sustentada por sus altas credenciales académicas que le valieron escalar en el sistema judicial hasta ser apoyado por méritos a unos de los tribunales de Alto Riesgo, pero ha enfrentado la persecucion al igual que otros jueces.
“Considero que se ha instrumentalizado el Ministerio Público bajo la dirección de esta persona (Consuelo Porras, fiscal general) que ha sido incluido en la lista de actores corruptos por Estados Unidos de Centroamérica”, comenta la exjueza Aifán.
Porras junto a otros funcionarios fue incluida en septiembre de 2021 en la Lista Engel, que incluye a personas del Triángulo Norte de Centroamérica señaladas de corrupción y de “atacar” el sistema democrático.
La fiscal general Porras, que aspira a revalidarse por un más período en el cargo a partir de mayo, ha negado los señalamientos de Estados Unidos y ha matizado que estar incluido en la Lista Engel no la descalifica para asumir otro término más para el que debe ser recomendada por la Comisión de Evaluación y ratificada en el puesto por el presidente Alejandro Giammattei.
Para la exjueza Erika Aifán, las acciones de Porras y el conocimiento de la comunidad internacional sobre su desempeño. “Marcar hacia dónde pueden ir dirigidas sus acciones; nosotros hemos visto sobre todo en el último mes acciones de persecución en contra de operadores de justicia que hemos luchado contra la impunidad y la corrupcion y que están dirigidas por esta persona (Porras), entonces tememos que pueden existir vínculos con el crimen organizado”, explica Aifán.
Solidaridad, un antes y un después
La exjueza Erika Aifán comenta que la estancia en Washington DC le da tranquilidad y la hace sentirse segura, por la protección y apoyo del gobierno de Estados Unidos y su gente; sus abogados en Guatemala también respiran con más tranquilidad y no se diga su familia.
El temor a un ataque directo contra su vida fue una preocupación que fue creciendo desde inicios de este año, por lo que las medidas de seguridad de la custodia cubrieron por el estado, ya no era una garantía suficiente para su integridad personal, comenta.
Ya en Washington, en los días posteriores a su renuncia han surtido una serie de contactos y llamados de centros de análisis en la capital estadounidense y de organismos que se precisarían de ficharla para sus investigaciones “ofertas que debo valorar” dice, mientras estudia las opciones para su estatus migratorio.
Hasta la fecha no se ha reunido con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que han reconocido su trabajo en Guatemala como “Mujer de coraje”, en su lucha por la independencia judicial, presea entregada en marzo de 2021.
“Varios compañeros y compañeras juezas se han comunicado para manifestarme su solidaridad y también para indicarme que es necesario que tengamos algunas reuniones para analizar acciones que puedan ir más allá de los comunicados en el fortalecimiento de la independencia judicial”, explica.
La Oficina de la Primera Dama, Jill Biden, y el Departamento de Estado anunciaron al entregarle el reconocimiento que “estaremos con ustedes mientras construimos un futuro más brillante”, en alusión al trabajo de las 12 mujeres de diferentes paises Destacadas por su valentía.
Detractores piden mayor persecución
La gran mayoría de los 16 exjueces y exfiscales asilados en Estados Unidos luego de sortear también persecución han estado bajo la mira de la Fundación contra el Terrorismo Guatemala, que al saber la renuncia de la magistrada Aifán desde Estados Unidos condenó lo que su presidente, Ricardo Álvarez, deseaba como «una huida».
Este activista ha pedido que el Congreso de Guatemala impulse una ley “para perseguir a guatemaltecos que sean reclutados por otros gobiernos”, refiriéndose a la protección recibida de la potencia del norte a los exoperadores de justicia perseguidos en su país.
“Es necesario legislar un delito con severa penalización para los guatemaltecos que son reclutados para servir como agentes de otros gobiernos, traicionando así a Guatemala, porque Erika Aifán fue eso, una traidora”, dijo Álvarez en un video difundido en redes sociales.
Desde el gobierno de Guatemala, un portavoz del presidente Alejandro Giammattei dijo en un comentario solicitado por VOA que el mandatario “manifiesta su respeto total a la independencia de poderes del Estado y rechaza cualquier vinculación con la renuncia de Erika Aifán como jueza de Mayor Riesgo”.
Poco antes de salir del país la jueza Aifán negó la información requerida por el presidente guatemalteco para revelar la identidad de un testigo protegido que ha descrito una estructura de sobornos a empresas constructoras para el financiamiento de la campaña presidencial que llevó a Giammattei a la casa de gobierno.
Y sobre las múltiples denuncias seguidas por el Ministerio Público a cargo de Porras el portavoz del presidente de Guatemala dijo que “el hostigamiento” señalado por la exjueza, con más de 100 casos abiertos en su contra por parte de la fiscalía “el Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar toda denuncia presentada, esto bajo ninguna circunstancia puede requerir ‘ataque’, son las funciones que la Constitución Política de la República otorga al MP”, defendió.
La jueza Aifán dice que seguirá trabajando y espera que desde la esfera internacional puedan hacerse correcciones para que impere la justicia en su país, aunque por ahora las condiciones son difíciles a juzgar por su caso, matiza.
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