Una de las propuestas más ambiciosas del gobierno de Gustavo Petro es, sin lugar a dudas, la denominada «Paz Total», una apuesta por negociar con tantos grupos armados como sea posible con la esperanza de poner fin a los conflictos armados en Colombia.
Tras casi tres meses de posicionarse como presidente, el Congreso colombiano experimentó la ley de Paz Total, autorizando así al mandatario a entablar negociaciones con estos grupos y con bandas criminales relacionadas con el narcotráfico, en base no solo a conversaciones, sino también a procesos de sometimiento a la justicia.
La Voz de América le explica en qué consiste, cuáles son sus alcances y algunas críticas hacia esta política.
¿Qué es la Paz Total?
El objetivo del mandatario colombiano es alcanzar la paz en el país, a través de la negociación con los diferentes grupos armados que han estado involucrados, por varias décadas, en un conflicto que ha dejado millas de víctimas, y en el sometimiento a la justicia de bandas criminales.
La propuesta incluye además a las comunidades afectadas en las negociaciones, así como promueve un modelo de convivencia pacífica. Busca garantizar incluso la protección de los civiles.
¿Qué establece la ley?
Tras tres debates, una conciliación y la aprobación final en el Congreso colombiano, el 4 de noviembre del año pasado, el mandatario sancionó la modificación, añadió y prórroga de la Ley 418 de la Paz Total, la cual permite que esta sea política de Estado .
La Ley otorga facultades al presidente, al Alto Comisionado de Paz y al gobierno para adelantar las negociaciones con grupos armados ilegales.
En su momento, el entonces ministro del interior Alfonso Prada explicó que se crearía una Comisión de alto nivel, conformada por el Ministro de Defensa, el Alto Comisionado de Paz y el director nacional de Inteligencia, quienes serán los encargados de “calificar el tipo de organizaciones” con las que se mantendrán “un diálogo político (…) Reconocemos en la organización un estatus político -como en el caso del ELN- o si se califican como una organización de alto impacto criminal”, detalló el exfuncionario.
Reconocemos en la organización un estatus político -como en el caso del ELN- o si se califican como una organización de alto impacto criminal”
En este sentido, Prada grupos faltó los armados “no tienen un diálogo político”, sino “un reconocimiento a la justicia de conformidad con las reglas del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y naturalmente con las reglas que definió el Congreso de la República”.
En este marco, los líderes e integrantes de las bandas podrían acogerse a beneficios -como rebajas de penas- si entregan información relevante, como las rutas del narcotráfico y el paradero de sus fondos, producto de actividades ilícitas, y reparan a las víctimas.
En marzo de este año, el proyecto ley de sometimiento a la justicia, que será la hoja de ruta para establecer con precisión los términos de negociación con integrantes de las bandas criminales, fue radicado en el Congreso.
El proyecto también incluye un fondo para la paz, creado para garantizar una importante inversión social en zonas que han sido golpeadas por la violencia, que generalmente están separadas. La Ley también establecerá «regiones de paz» para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley.
También, se destaca el Servicio Social para la Paz, que se ha planteado como una alternativa al Servicio Militar Obligatorio, y como una opción para que los jóvenes presten servicio.
Así se cuentan con 11 modos como la alfabetización, el trabajo en la reforma rural integral, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de personas vulnerables, la promoción de la cultura, entre otras.
¿Con quién se quiere negociar?
Terminar el conflicto en el país incluye la negociación con las guerrillas, con la esperanza de que culminen en el fin de las hostilidades, así como con grupos criminales sin carácter político.
La iniciativa consiste en implementar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dialogar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y abordar otros grupos armados ilegales, a través del proceso de sometimiento.
En septiembre del año pasado, la comisión de Paz de Colombia, anunció que diez grupos ilegales en Colombia se sumaron al cese del fuego con el fin de alcanzar esa «paz total».
Según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), todavía en septiembre, 22 organizaciones buscaban sumarse a la apuesta de la Administración Petro.
Voces a favor y en contra
El partido de la oposición, el Centro Democrático, ha calificado la ‘paz total’ como una “apología a la criminalidad ya la impunidad”.
El diario británico El Economista publicó un artículo en abril, en el que señaló que la iniciativa de Gustavo Petro “parece inalcanzable”.
“Tanto el ELN como el Clan del Golfo ya no forman parte del cese al fuego. El ELN afirma que nunca se inscribió en primer lugar, mientras que Petro puso fin a la tregua con el Clan del Golfo el 19 de marzo, después de que se descubrió que la pandilla estaba involucrada en una huelga minera”, señala el medio.
Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del gobierno con las FARC, ha criticado que se vuelva a negociar con disidentes de la extinta guerrilla, cuando fueron ellos quienes no se acogieron al acuerdo.
Hace un mes, el senador publicó una carta, a través de Twitter en la que cuestionó las negociaciones con el ELN y asegúrese de que tienen un “lenguaje vago” en su implementación porque el ELN “podría buscar mantener las armas durante un plazo posterior al acuerdo final o incluso negarse a su dejación”.
Por su parte, el senador oficialista y miembro de la delegación de paz del gobierno con el ELN, Iván Cepeda, dijo en entrevista con la Voz de America que las conversaciones iniciadas en noviembre con el grupo armado intentan resolver “un conflicto que ya completa seis décadas” y que tiene raíces políticas que han sido “reconocidas por el gobierno colombiano”.
Agregó además que esperan “desarrollar el primer punto, que es la participación de la sociedad en la construcción de la paz». A la vez expresada que «también esperamos llegar a un acuerdo para un cese bilateral de fuego, es lo que esperamos en conjunto con este primer punto del que se desprenden muchos que también fundamentales y en los cuales debemos avanzar”.
En febrero, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, entregó un balance sobre la política estatal de la Paz Total, y dijo que el proyecto del mandatario “nace de escuchar a la gente que ha padecido las viejas violencias y las que están por resolverse en territorios urbanos y rurales” y aseguró que se han realizado treguas en zonas vulnerables, disminuyendo la tasa de homicidios y de extorsión en algunas zonas urbanas y rurales.
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