El Gobierno de Pedro Castillo y el Congreso se han enfrascado en una disputa por la admisión de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía General de Perú que señala al presidente de ser el presunto jefe de una organización criminal «enquistada» en el Estado.
En un primer caso, conocido como Puente Tarata III, el mandatario peruano habría usado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener un soborno de 58 millones de dólares a cambio de beneficiario con la obra a un empresario que aportó en su campaña electoral. Para este propósito, Castillo se habría confabulado con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el hoy exministro Juan Silva, según la Fiscalía..
En el segundo asunto, el caso Petroperú, el otro profesor rural habría designado a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la estatal Petroperú con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias. Una de ellas fue el favorecimiento por 47 millones de dólares a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) por 280.000 barriles de biodiesel. La operación se hizo realidad cuando el dueño de la citada compañía, Samir Abudayeh, tuvo una reunión con Castillo en Palacio de Gobierno.
La defensa legal de Castillo ha recurrido al Poder Judicial para presentar un escrito, al que la Voz de América accedió, que indica que ninguno de los delitos de los que el Ministerio Público acusa al presidente -que son organización criminal, tráfico de influencias y colusión- se encuentra en el artículo 117 de la Constitución, que establece por qué cargos puede ser imputado el jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones.
“Solamente porque es un campesino que ha venido acá, hay que tumbárselo a como dé lugar. Como es un campesino, un obrero de escuela rural, hay que crearle carpetas, hay que jalar a su familia, a los trabajadores de Palacio, forzarle y decirle: conviértete en colaborador eficaz porque te vamos a pagar millones de soles. Que estás amenazado por el presidente”, ha dicho Castillo en un ataque directo contra el Ministerio Público el martes, desde Lima.
Ante el recurso judicial de Castillo, el Congreso ha recurrido al Tribunal Constitucional para que establezca a qué entidad le compete calificar o no la denuncia constitucional contra el presidente: el Poder Legislativo o el Judicial.
“El presidente Pedro Castillo está en una situación de defenderse y dentro de ellos obstruye algunas actividades que tenemos que hacer. En el Congreso vamos a llevar a cabo lo que corresponde conforme a desarrollar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Espero que no haya ningún tipo de obstáculos de parte de él”, dijo José Williams, titular del Parlamento, a la prensa.
El próximo 24 de octubre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que analiza las presuntas infracciones constitucionales de diferentes funcionarios públicos del Estado, sacará un informe preliminar si admite o no un trámite de denuncia contra Castillo que podría tener su veredicto final en aproximadamente tres meses.
Hay que mencionar que el presidente también está investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado y por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno.
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