Ecuador sigue golpeado por la violencia en sus cárceles sobrepobladas, donde no existen diferencias entre un criminal, un narcotraficante o una persona privada de su libertad por no pagar las pensiones alimentarias a sus hijos.
El último motín registrado el fin de semana en la provincia del Azuay, en el sur del país, dejó 20 muertos y una docena de heridos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que tienen identificados a los reclusos que provocaron los disturbios.
“Están identificadas las personas que lideran a cada uno de estos pabellones y cada una de las organizaciones: son alias Ariel y alias Anchundia”. Los dos sujetos, dijeron, pertenecían a la banda de narcotráfico llamada Los Lobos, la que se dividió y los disidentes buscan tomar el control de la cárcel “El Turi”.
Carrillo advirtió que estos problemas no se producen por el hacinamiento, sino por el comportamiento de los reclusos, y dijo que una comisión pacificadora, con representación de la sociedad civil, académicos, derechos humanos, la Iglesia y apoyo internacional, que está trabajando desde hace cuatro meses, evitó que el número de víctimas fuera mayor.
“Yo estimo que están haciendo un gran trabajo y terminarán la tarea, pero también debo reconocer que esta comisión pacificadora ha logrado que al menos en estos amotinamientos no todo el mundo se involucre. Muchas de las personas que no estaban participando, ellos mismos decidieron no salir de las celdas”, explicó.
El ministro recomienda que los cabecillas de estos amotinamientos deben tener un régimen disciplinario diferente y que se inicie un censo de reclusos para atender el pedido de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de garantizar la seguridad de los no involucrados.
Los familiares, sin embargo, siguen preocupados por sus seres queridos que se encuentran en la prisión y temen por sus vidas.
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