El Gobierno de Ecuador desplegará operativos de la fuerza pública en nueve provincias consideradas las más afectadas por actividades de minería ilegal, dijeron los lunes funcionarios.
El presidente Guillermo Lasso declaró sus inicios de año a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad de la nación, tras identificar que la actividad tiene nexos con otros delitos como el lavado de activos, tráfico de armas y combustible.
El anuncio se produce luego de que unos 1.000 uniformados, entre militares y policías, ejecutaran el fin de semana un operativo en las provincias amazónicas de Napo y Orellana, y destruyeran maquinaria pesada.
«Aquellos miembros del crimen organizado que insisten en esta actividad pues tendrán el mensaje claro: entraremos absolutamente con todo», dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, un periodista.
La actividad ilegal está presente en 21 de las 24 provincias de Ecuador, dijo Zapata, pero el plan apunta a zonas de conflicto principalmente en la región amazónica, que son ricas en biodiversidad, incluidas áreas protegidas, y en depósitos de oro y cobre.
En Napo y Orellana, las fuerzas de seguridad reportaron el impacto visible de la minería en la biodiversidad local y los cauces de los ríos, así como la presencia de combustible, dijo el ministro de Ambiente, José Dávalos.
En lo que va del año, los allanamientos autorizados por las autoridades a campamentos de minería ilegal han permitido incautar maquinaria pesada e incluso un helicóptero.
El Gobierno no ha dado cifras sobre el aumento de la minería ilegal en el país, ni el total de hectáreas afectadas en las zonas más conflictivas, pero ha dicho que es una actividad creciente.
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