La mayor banda criminal y cártel del narcotráfico en Colombia, el Clan del Golfo, tiene presencia en zonas rurales, urbanas y suburbanas en 20 de las 32 regiones de Colombia.
El presidente Gustavo Petro llamó al Clan del Golfo, AGC, la banda criminal y el cártel de drogas más grande del país, a “hablar con la verdad” si quiere la paz y lo acusó de “no estar interesado en la paz total”.
El llamado, a través de Twitter, tuvo lugar después de conocerse amenazas por parte del Clan del Golfo contra algunos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el tribunal creado tras la firma de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
Con el Clan del Golfo, el gobierno colombiano rompió una tregua bilateral a finales de marzo, que habían acordado el 1 de enero hasta los últimos días de junio, con el fin de adelantar acercamientos de paz, luego de que el ejecutivo los acusó de estar Detras de un paro minero en el noreste de Colombia.
Dónde opera el Clan del Golfo
La Defensoría del Pueblo dijo que este grupo armado mantiene su hegemonía en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Meta.
Según las cifras oficiales también cuenta con presencia en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Santander y Norte de Santander, donde según Indepaz, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, se valen de mecanismos de extorsión de los millonarios ingresos de las actividades ilegales para “mantener su control” y cometer violaciones a los derechos humanos.
En estos departamentos que cuentan con la presencia de las AGC, denunció la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que las personas se “enfrentan a riesgos de reclutamiento forzado, vinculación con actividades ilegales, violencia física, privación de acceso a sus medios de sustento, deserción escolar y desnutrición debido a la falta de accesos de medios de vida”.
Diálogos
El gobierno mantuvo abiertas las posibilidades de negociación con el Clan del Golfo después de señalarlos de estar detrás de los bloqueos y ataques a la Fuerza Pública en el paro minero.
El medio colombiano Noticias Caracol publicó en las últimas horas una entrevista a Ricardo Giraldo, el abogado del Clan del Golfo, en las que manifestó que espera que la decisión del presidente Petro de darle un “ultimátum” al Clan del Golfo por sus amenazas a magistrados de la JEP no “rompan los acercamientos de paz”.
“Tengo la esperanza de que esto sea una nueva pataleta del presidente o sofisma de distracción de su mal encuentro con el fiscal general. Nosotros seguimos esperando el diálogo con el gobierno nacional, estamos esperando que haya una razón por el conducto oficial, que es la Oficina del Comisionado para la Paz”, dice Giraldo en sus declaraciones el medio colombiano.
El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, dijo que siempre han estado dispuesto al diálogo con las AGC, pero que con el grupo armado se aplicaría el sometimiento a la justicia y no una conversación política como ocurre con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), las disidencias de las FARC conformadas por antiguos miembros de esa guerrilla que rechazaron el acuerdo de paz en 2016.
Sometimiento a la justicia
La ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales, como ha sido llamada y que esta semana fue radicada en el Congreso, es una de las herramientas con las que el gobierno busca la “Paz Total”, en este caso con grupos armados relacionados con el narcotráfico. Dicha ley busca penas de seis a ocho años de cárcel y no contempla el reconocimiento a estas bandas criminales como lo ha solicitado el Clan del Golfo.
De qué se le acusa al Clan del Golfo
El Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fue creado en la región del Urabá Antioqueño en 2006 y 2007, en el noreste de Colombia, por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ y Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, ambos condenados en Estados Unidos por narcotráfico, y exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo de extrema derecha desmovilizado en 2006.
La inteligencia militar calcula que el grupo lo integran alrededor de unos 9.000 miembros. A esta estructura criminal se le acusa de narcotráfico, desarrollar la minería ilegal, asesinatos selectivos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, masacres, desplazamientos y de múltiples ataques en represalia por la persecución que enfrentan.
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