El nuevo gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia por 30 días en todo el país ante las protestas sobrevenidas en el país por la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, tras su intento la semana pasada de disolver el Congreso.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció el miércoles que la medida se tomó “debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y caminos” y aunque aseguró que “ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados” por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, “requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno”.
Otárola dijo que aún se está por definir si la medida durará un toque de queda. Pero puntualizó que la declaratoria de emergencia “significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de la reunión y la libertad y seguridad personales”.
Las fuerzas del orden, en consecuencia, podrán impedir reuniones, ingresar a domicilios y obligar el tránsito, si lo consideran necesario según lo anunciado por el titular de Defensa.
La decisión de ejercer derechos es un intento del nuevo gobierno, presidido desde la semana pasada por Dina Boluarte en reemplazo del destituido Castillo, para controlar las protestas que sucedieron a la crisis política peruana.
Boluarte se pronunció la tarde del miércoles ante la escalada de tensión y llamó a la paz.
Tras reunirse con los mandos militares, dio declaraciones a la prensa sin permitir preguntas en las que apeló a su comprensión como presidenta de las necesidades de la población. “Queremos generar un diálogo con ustedes, hermanos y hermanas. Sabemos que las necesidades de nuestra querida patria están sin atenderse de hace mucho tiempo”, arrancó su pronunciamiento, matizando que eso se podrá hacer dentro de “la paz, de la concordia, de la hermandad”.
Cifró en 200 los policías heridos, dijo que “seguramente también hay en la sociedad civil que están agredidos” y rechazado que las protestas se están “saliendo” del marco legal con la quema de comisarías, la toma de carreteras y de aeropuertos y el bloqueo del paso de ambulancias. “Estamos cansados, creo yo, de nuestra historia en el Perú de no vivir tranquilos y en paz”, añadió.
La confrontacion social suma hasta el miércoles seis muertos y un centenario de heridos, según la Defensoría del Pueblo, además de daños a diversas propiedades de empresas y del Estado. Los manifestantes reclaman el cierre del Parlamento, un adelanto de elecciones, la renuncia de Boluarte y, para algunos también, la libertad del expresidente Pedro Castillo.
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