Un colectivo de abogados sustentaba en una audiencia pública el jueves —ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos— su demanda contra el Estado colombiano por presuntos seguimientos ilegales, intimidaciones y violencia sostenida tres décadas en vinculación a sus actividades de defensa de los derechos humanos.
La Corte IDH convocó a una audiencia pública sobre las excepciones preliminares que se extenderán durante el jueves y viernes para recibir los alegatos, escuchar a los posibles afectados ya los peritos.
El abogado Alirio Uribe, presunta víctima, dijo ante los jueces que por su labor de liderazgo desde los años 90 en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) fue objeto de “tortura psicológica”, seguimientos a él ya su familia, múltiples amenazas y vigilancia ilegal de agencias de inteligencia estatales.
“Tuve que entrenar a mis hijos a escaparse por el baño y el techo. Fueron muchos hechos de terror, de tortura psicológica permanente”, explicó Uribe, quien ha trabajado en casos de impacto nacional que involucraron a agentes estatales como el homicidio del periodista Jaime Garzón y los “falsos positivos”, como se conocen las ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros del ejército contra civiles para hacerlos pasar como guerrilleros vencidos en combate.
Soraya Gutiérrez Arguello, otra de las presuntas víctimas, relató ante los jueces que declararon objetivo militar por parte de grupos paramilitares que los señalaron falsamente de ser guerrilleros. Su familia, dijo la abogada, se ha visto gravemente afectada por su labor y dijo que incluso uno de sus hermanos fue asesinado en “extrañas circunstancias” en 2004.
“Las reparaciones van más allá de lo material. Queremos tener entornos favorables para desarrollar con tranquilidad el trabajo de defensores de derechos humanos”, destaca Gutiérrez, quien asegura que todavía es víctima de interceptaciones ilegales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe de fondo de 2019 que el Estado colombiano es responsable por la violación de varios derechos del colectivo, entre ellos a la vida, las garantías judiciales y la protección de la honra y dignidad.
La CIDH identificó entonces que el Departamento Administrativo de Seguridad estatal (DAS) creó un grupo especial de inteligencia a “efecto de monitorear las actividades laborales de los miembros del CAJAR” para interceptar sus teléfonos y correos electrónicos. “Estos casos generaron en algunos casos su exilio o el de sus familiares a otro país”, aseguró en la audiencia el representante de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón.
El Estado alegó ante la CIDH que “carece de toda responsabilidad” en el caso y que las medidas adoptadas para proteger la vida de los integrantes del CAJAR han sido efectivas con implementación de medidas de seguridad. Además, argumentó que las investigaciones por las denuncias de los abogados han sido adelantadas de manera “seria” y se han emitido cinco sentencias penales en contra de 11 exfuncionarios del DAS, un organismo disuelto hace una década.
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