El Partido Republicano de Chile, partidario de mantener la carta fundamental legada por la dictadura militar, se impuso el domingo a un pacto derechista y de la centroizquierda, y se quedó con la mayoría de los redactores de una nueva Constitución.
En las elecciones del domingo se disputaron 50 escaños y los republicanos obtuvieron 22, una cifra que les da poder de veto a las propuestas en el Consejo Constitucional.
El bloque izquierdista logró 17 y la centroderecha 11, de acuerdo con el 99,4 % de los votos escrutados por el autónomo Servicio Electoral. El pacto de la centroizquierda no cambiará ningún escaño.
En cuanto al caudal de votos, los republicanos obtuvieron el 35,42 % de los sufragios, el pacto izquierdista Unidad para Chile, la coalición izquierdista más cercana al presidente Gabriel Boric, el 28,57 % y la centroderecha el 21 %. Los boletos nulos y blancos bordearon el 20 %.
En los comicios, que fueron de participación obligatoria, votaron 12,7 millones de electores, un 84,4 % de los 15 millones de votantes de Chile.
El excandidato presidencial José Antonio Kast, fundador en 2019 del Partido Republicano, declaró “Nos han elegido por nuestro compromiso y coherencia y porque compartimos” los problemas del electorado.
Fue un nuevo intento constituyente en Chile para reemplazar la carta magna impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), después de que los votantes rechazaron abrumadoramente una propuesta para una nueva Constitución en un plebiscito en septiembre.
El presidente Boric, en un discurso al país, llamó al Partido Republicano a “no cometer los mismos errores que cometimos nosotros”, en alusión al control que la tuvo en la izquierda anterior convención, en la que marginó derecha a la política que estaba en el poder.
El analista Juan Espinoza, de la Universidad Diego Portales, dijo a AP que si los republicanos y la centroderecha fortalecieron una alianza en el Consejo Constitucional, “podrán escribir sin contrapeso alguna la propuesta de nueva Constitución”.
Por otro lado, el analista político Claudio Fuentes, del mismo centro académico, dijo que “se está dando un escenario más polarizado que hará este proceso más complejo”, en alusión al Partido Republicano y al izquierdista Frente Amplio.
La segunda fuerza política chilena al interior del Consejo será Unidad para Chile, formada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, integrada entre otros por el partido de Boric, aunque no podrá vetar propuestas de normas.
En esta elección el pacto o partido que obtuvo 30 de los 50 redactores habría tenido en sus manos la redacción de la nueva Constitución sin tener que negociar con otras fuerzas, mientras que 21 cupos daba poder de veto y peso para presionar por la búsqueda de consensos .
El Partido Republicano se convirtió en la colectividad hegemónica de la oposición al desplazar a la centroderecha, que es dialogante y llega a acuerdos con el gobierno izquierdista de Boric, según los analistas.
Los expertos señalaron que en el crecimiento del Partido Republicano influyó el que impuso tempranamente en la agenda pública el problema de la inseguridad que siente mayoritariamente la ciudadanía.
Su fundador Kast, que pasó a segunda vuelta con Boric en las elecciones presidenciales de 2021, con un 44 % de los sufragios frente al 55 % del actual mandatario, fue protagonista de la franja electoral televisiva antes de la elección de redactores y, según los analistas y parte del oficialismo, reforzó su camino hacia las presidenciales de 2025.
Los redactores deben entregar a comienzos de noviembre el nuevo texto constitucional, que será plebiscitado el 17 de diciembre.
A diferencia del primer proceso constituyente, cuando los redactores del texto partieron de una hoja en blanco, los 50 consejeros trabajarán sobre un anteproyecto constitucional elaborado por 24 expertos designados por los partidos políticos.
A su vez, los expertos trabajaron enmarcados en 12 bases constitucionales elaboradas por los partidos políticos para evitar cambios refundacionales incluidos en el texto rechazado, que planteó un Chile plurinacional con autonomías indígenas. Los redactores deben respetar los mismos principios.
Entre las bases están la que fundamenta que Chile es un Estado unitario, el respeto de derechos como a la vida, la propiedad y la igualdad ante la ley. Los consejeros, que deberán enmarcarse en las mismas bases, tendrán cinco meses para elaborar una nueva propuesta.
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