A casi medio siglo del golpe militar en Chile, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció el viernes un plan nacional para que el Estado asuma la búsqueda de unas 1.100 víctimas de desaparición forzada cuyo paradero aún es desconocido, una labor que por años ha recaído en el esfuerzo de familiares y agrupaciones de victimas de la dictadura.
El Plan Nacional de Búsqueda partirá con la integración de todos los antecedentes de los reunidos hasta ahora por distintas comisiones especiales de verdad, los tribunales de justicia, los familiares desaparecidos de las víctimas y los gobiernos anteriores, actualizado el viernes el ministro de Justicia, Luis Cordero, durante un encuentro con corresponsales de prensa internacional.
La dictadura liderada por Augusto Pinochet (1973-1990) dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellos unos 3.000 opositores asesinados, de los que más de 1.400 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsquedas se encontraron e identificaron restos óseos de 307 personas y faltan por encontrar otras 1.100, según cifras oficiales.
La información sobre los desaparecidos será trabajada por entidades multidisciplinarias, que con recursos y especialistas, proseguirán la tarea que hasta ahora descansó en los hombros de los parientes de los desaparecidos.
Cordero dijo que es posible que de la integración de datos antiguos surjan “indicios para nuevas investigaciones”.
Andrés Colque, 58 años, psicólogo, dijo a The Associated Press que “aunque quede un detenido desaparecido, es necesario buscarlo y disponer todos los recursos, (porque) le sirve a nuestra sociedad para valorar los derechos y la vida de las personas”. El presidente Boric ya se había comprometido a desarrollar esta tarea.
El plan no sustituirá la tarea de los tribunales y, para que funcione, es importante contar con la colaboración de los familiares de víctimas y sus agrupaciones, dijo Cordero, quien tiene una cercanía personal con el tema. Dos tíos abuelos figuran entre decenas de campesinos apresados y ejecutados un mes después del golpe militar de septiembre de 1973.
El proyecto se iniciará formalmente el próximo 30 de agosto, cuando Boric firme un decreto supremo el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Al anunciar el plan, a comienzos de junio, el mandatario dijo que el próximo año se destinarán 14.000 millones de pesos, unos 18 millones de dólares, para modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, que demoras exhibe en las pericias en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos.
El instituto forense erró en la identificación de restos óseos de presuntos desaparecidos forzados en lo que fue un escándalo en el país sudamericano: en 1991 en un sector del cementerio general destinado a desconocidos se encontraron 126 restos de cuerpos en 107 tumbas, según cifras oficiales. La mayoría eran opositores a la dictadura.
Luego de identificar algunas decenas de restos, el servicio forense los entregó a sus parientes, que pueden enterrarlos después de décadas. Pero 15 años después, en 2006, casi medio centenar de familias los tuvieron que devolver al instituto forense porque no había pocos identificados erróneamente.
Unas 82 cajas con restos óseos de presuntos detenidos desaparecidos volvieron durante al Servicio Médico Legal tras permanecer en una bodega de la Universidad de Chile unos 18 años, que se sumaron a muchos más sin periciar.
Boric recordó a comienzos de junio que el gobierno no claudicará en el deber moral de agotar todos los esfuerzos y recursos para que los detenidos desaparecidos en la dictadura que aún falta por encontrar “puedan descansar en paz”.
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