El gobierno del presidente Gabriel Boric anunció el martes la apertura del 26 salarios de litio a la explotación por parte de empresas privadas en Chile, uno de los países con mayores reservas del mundo.
A un año de haber lanzado una estrategia nacional para que el Estado participe mayoritariamente de la producción de este recurso mineral, el ejecutivo chileno explicó los avances de ese proyecto y, además, lanzó un proceso de licitación para que las empresas del sector privado puedan manifestarse. su interés en la explotación, anunció el ministro de Economía chileno, Nicolás Grau, en una rueda de prensa junto a otros ministros del gobierno de Boric.
Los salarios abiertos a este modelo de explotación privada no serán ni aquellos en los que participan mayoritariamente el Estado ni aquellos que estén protegidos.
Chile cuenta con 68 salarios para la extracción de litio, según explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Dos de los más grandes son el Salar de Atacama y el de Maricunga, que contienen una mayor cantidad del mineral, son más productivos, están considerados estratégicos y “reportan al Estado importantes recursos”, de acuerdo con la ministra de Minería, Aurora Williams.
En estos la participación debe ser mayoritariamente estatal (de al menos el 51%), a través de la minera nacional Codelco, que opera junto a otras compañías privadas como la chilena SQM en el salar de Atacama, según lo explicado en rueda de prensa. Aunque por el momento, solo hay producción en marcha en el de Atacama, precisó Grau.
En los demás salarios del país, dijo, se está avanzando para la concesión de permisos de explotación a actores tanto públicos como privados. La proyección sería que la producción de Chile de aquí al final de esta década aumente hasta un 70%, calculó Marcel.
“En términos de potencial de producción de litio, hay diferencias muy grandes entre el salar de Atacama y alguno de los otros salares”, reconoció el titular de Hacienda, pero recalcó “que hay espacio para la participación de todos: sector público, privado, comunidad científica y local”.
El proceso para que las empresas manifiesten su interés se realizará en abril y el resultado se dará a conocer en julio.
“El sector privado va a tener el liderazgo» en esos 26 salarios, apuntó el ministro de Hacienda, pero también «podrá asociarse con el sector público, éste con carácter minoritario”, detalló Marcel.
“A través de este proceso vamos a poder identificar cuáles tienen un potencial de desarrollo productivo”, agregó el funcionario. A partir de esa expresión de interés se abrirá, si se considera oportuno, un modelo de consulta indígena a comunidades que puedan estar presentes en esos territorios.
Además de la explotación controlada por el Estado —que responde a la estrategia nacional impulsada desde el año pasado— y de este nuevo proceso de apertura a actores privados, el gobierno chileno también está desarollando una tercera modalidad con alianzas público-privadas flexibles. Para esta opción se han considerado cinco salarios, indicó el ministro Marcel, como el de Pedernales y el grupo de salarios de Altos Andino, había precisado antes Williams.
El objetivo, indicó el gobierno, es el desarrollo de la industria de manera sustentable tanto ambiental como socialmente, en armonía con las comunidades locales.
Además se anunció la creación de una red de protección de salarios, con enfoque ambiental, a la que pertenecerá un 30% de los salarios que existen en Chile y que serán un total de 38.
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