LIMA –Los casos de violencia de género en Perú han sospechado significativamente en los últimos meses. Solo entre enero y febrero de este año se han reportado 24.695 casos de víctimas de una agresión, según los Centros de Emergencia Mujer. De la cifra dicha, cerca de 10.636 son por violencia psicológica, 9.930 por violencia física, 4.015 por ataque sexual y 114 casos relacionados a asuntos económicos.
Si se analiza también por autoidentificación étnica, la mayoría de las afectadas son mestizas (18.086), quechuas (1.803), blancas (241), aimara (191), indígenas (43), afroperuana (39) y otra etnia (5).
De continuar la tendencia ascendente, los casos registrados en 2023 podrian superar a los reportados en 2021 y 2022.
Frente a este panorama, la Voz de América consultó a expertos para explicar este creciente fenómeno de ataques contra las mujeres en Perú, sus causas y cómo las leyes responden actualmente a este fenómeno social.
perfiles
Diversos medios de comunicación reportaron durante las últimas semanas algunos casos de extrema violencia de género. Entre ellos se encuentra el asesinato de la joven Katherine Gómez, quien murió tras haber sido rociada con gasolina y quemada por su pareja venezolana, Sergio Tarache, tras informarle que no deseaba seguir en una relación sentimental.
Otro caso que llamó la atención es el de una niña de once años que fue torturada en la ciudad de Ucayali por negarse a ser violada por un familiar. Hasta el momento, se encuentra en cuidados intensivos de un hospital en Lima.
Finalmente, una enfermera de 32 años, que era madre de dos niños de 6 y 4 años y un bebé de 8 meses de nacido, perdió la vida tras no resistir las graves heridas que sufrió luego de haber sido violada sexualmente por dos compañeros de trabajo en la ciudad de Puno.
“La violencia contra la mujer es multicausal porque tiene múltiples dimensiones”, dice Sonia Zevallos, representante del Instituto Nacional de Salud Mental de Perú, en entrevista con la VOA. La especialista señala que, cuando se dan las agresiones de género, generalmente son protagonizadas por hombres que tienen menos habilidades sociales y no procesan sus emociones.
“Tienden a manejar menos sus emociones o conectar con las emociones de otros”, sostiene Zevallos. Además, agrega que eso se complementa con las relaciones asimétricas de poder en la que la mujer tiene condiciones de vulnerabilidad y está más propensa a sufrir alguna agresión.
“Hay una desigualdad por cuestión de género que se basa en el hecho de que por ser mujer está menos protegida porque está bajo consideraciones sociales. Cuando surge un caso de violencia sexual se pone más énfasis en la víctima de violencia. Se analiza su patrón de conducta”, anota la especialista.
Zevallos agrega que Perú tiene una sociedad patriarcal en la que situaciones de violencia contra la mujer se van normalizando. Por ello, enfatizó que esto debería cambiar desde los hogares porque las personas que han visto y sufrido violencia en la niñez van a tener mayor conflictividad, conductas violentas o se destruirán en las próximas víctimas.
Retrocesos
Gloria Montenegro, exministra de la Mujer, sostuvo en diálogo con la VOA que enfrentar la ola de violencia de género que hay en el país no debería solo limitarse al esfuerzo de una cartera ministerial, sino comprender a todo el gobierno en general.
“Qué hacemos con 400 Centros de Emergencia Mujer en todas las provincias del Perú si la Policía no acompaña las denuncias de millas de mujeres y no atrapan a los agresores. A se les pasa lo mismo. Solo por violencia psicológica tenemos como 100 mil casos”, protestó.
La excongresista indicó que el Ministerio de la Mujer cuenta con los programas Aurora, que tiene a su cargo la Línea 100, disponible para reportar las denuncias domésticas, y Hombres por la Igualdad, que sirve para informar y concientizar a los hogares cómo funciona con y sin agresiones entre los miembros de una familia, para atender y prevenir los casos de violencia de género.
“A pesar de los programas existentes no son necesarios. Necesitamos más”, resaltó la excongresista.
Montenegro anotó que debe existir una articulación más profunda de todas las instituciones del Estado para combatir la violencia de género. Además, acotó que esto debe ir de la mano con mayores capacitaciones a los funcionarios públicos para entender y aplicar las políticas de género de manera correcta a fin de que se logren resultados positivos.
“Ministerio de la Mujer, Educación, Cultura, la Policía Nacional. Es vital trabajar con los centros comunitarios de salud mental”, señaló. Sin embargo, agregó que observa que lamentablemente existe un retiro desde el Congreso y el gobierno.
“Cuánto hemos luchado por la paridad y alternancia. Tenemos cincuenta congresistas mujeres que no estudian qué es el enfoque de género que permite el desarrollo no solo de las mujeres, sino de los hombres. Ha existido también un gran retroceso durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte”, opinó.
Perú tiene por primera vez en su historia a una mujer como jefa de Estado. No obstante, Montenegro sostiene que no ha visto en la mandataria un compromiso real para condenar contundentemente la ola de violencia de género.
“Tenemos leyes y la política nacional de igualdad de género, pero observa que hay retrocesos en la agenda mujer”, finalizó.
Leyes duras
Arlette Contreras, excongresista y una de las promotoras iniciales del movimiento Ni una menos, extraña en diálogo con la VOA que falta mucho por hacer para sancionar a los agresores con leyes más duras. Por ello, recalcó que cuando se dan casos como violaciones grupales o feminicidios contra las mujeres debería utilizarse la cadena perpetua y procesos más céleres e inmediatos.
“Los casos de feminicidio no son demasiado complejos. Tenemos identificado al feminicida, el móvil del crimen, tenemos la información y los datos que pueden permitir al sistema de justicia poder determinar de manera inmediata y detener a los agresores antes de que se fuguen”, señaló.
Contreras sostiene que las medidas de prevención y las sanciones se deben aplicar para acabar con la impunidad y así evitar la repetición de este tipo de agresiones. “La justicia nunca llega a las sobrevivientes ni a las familias de víctimas de feminicidio”, señala.
Además, la activista apuntó que debería conceptualizarse que también existe violencia institucional porque hay operadores del Estado como el Ministerio Público y el Poder Judicial que no hacen bien su trabajo. “El mensaje debe quedar muy claro. El Perú como país no debería seguir tolerando más violencia en contra de las mujeres”, enfatizó.
Finalmente, Contreras también se refirió, más allá de las acciones de los poderes del Estado, al rol de la sociedad civil. Específicamente, al movimiento Ni una menos, que apareció en 2016, en la que ella fue una de los rostros más visibles.
“El 2016 fue muy importante para esta lucha porque realmente tuvo el mayor apogeo para decir basta ya a la violencia contra la mujer. Tuvimos el apoyo no solo a través de la sociedad civil, sino de distintas figuras que se sumaron a la causa. Hemos logrado cosas sí, pero en el marco de todo esto es muy difícil que un espacio se sostenga en el tiempo si no hay recursos”, sostiene.
A pesar de que el movimiento no tiene una presencia mediática en medio de esta ola de violencia de género, Contreras añade que muchas mujeres siguen como activistas contra este problema y trabajan desde diferentes frentes. “Siempre hemos querido que Ni una menos seamos todos. En ningún momento hemos permitido la apropiación del movimiento”, zanja.
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