Colombia ha registrado un incremento en los cultivos de hoja de coca, alcanzando un nuevo récord de 253.000 hectáreas, con un aumento del 10 % con respecto a las cifras reportadas el año anterior, de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Este aumento ha coincidido con un cambio en la política del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha modificado la estrategia de erradicación para enfocarse en la incautación de drogas y la desarticulación de las redes más rentables del narcotráfico.
Causas del aumento de cultivos
El incremento en las hectáreas cultivadas con coca se puede atribuir, según analistas, a la pobreza y la falta de alternativas económicas viables para los campesinos en regiones afectadas por la violencia. La presencia marcada de los diferentes grupos armados ha llevado a muchas comunidades a dependientes de la producción de coca como medio de subsistencia.
La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha enfrentado obstáculos. Desde su lanzamiento, tras la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ha sufrido retrasos en la entrega de incentivos y en las promesas de desarrollo alternativo, lo que ha generado desconfianza entre los cultivadores.
«Reemplazar el cultivo de coca se debe hacer con otros productos, pero solamente si hay garantías de que esos productos tendrán un resultado a largo plazo, y eso es lo que no se ha podido lograr históricamente. Se espera que este gobierno lo haga, pero aún no ha comenzado», explicó a la Voz de America Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
«El programa de sustitución, que es el PNIS, no cumplió con las metas propuestas y tuvo muchísimos retrasos. Como resultado, muchas familias no recibieron los componentes prometidos y tuvieron que resembrar la coca», agregó.
Estrategia del gobierno
El reciente anuncio del presidente Petro sobre la compra de hoja de coca en El Plateado, un enclave cocalero en Cauca, busca ofrecer un ingreso inmediato a los campesinos.
Sin embargo, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta estrategia. Mientras la compra puede ser vista como un alivio temporal, el apoyo a cultivos alternativos requiere un compromiso a largo plazo y la construcción de infraestructuras y mercados que respalden esta transición, según destacan los analistas consultados por la VOA.
«Es una iniciativa que llega un par de años tarde. Hace dos años, cuando el mercado de la coca enfrentaba su peor crisis, hubiera sido el momento perfecto para implementarla», comentó César Páez, docente e investigador en temas de narcotráfico, crimen transnacional. y seguridad internacional en la Universidad Externado de Bogotá.
Para Páez, la propuesta podría «generar frustración en los cultivadores porque el Estado tiene un largo historial de proyectos que intentan convencer a la gente de dejar de cultivar coca, pero el Estado no cumple, o lo hace de manera parcial o muy demorada».
«Esto genera en los campesinos grandes dificultades para sobrevivir, ya que dependen de los cultivos de coca como su fuente de ingresos. Cuando el Estado no cumple, surge mucha frustración y escepticismo, y los narcotraficantes terminan comprando sus cosechas», agregó.
Qué está pasando con la erradicación
El gobierno colombiano ha dado un giro en los esfuerzos para combatir el narcotráfico, centrándose en la incautación de cocaína que venta del país. En 2023, las cifras de confiscación alcanzaron las 739 toneladas, lo que representa un aumento significativo en comparación con las 659 toneladas incautadas en 2022.
Sin embargo, el informe de la UNODC revela que la producción de cocaína en Colombia alcanzó las 2.664 toneladas, una cifra que contrasta con los récords de incautaciones.
Para los expertos, el gobierno colombiano sigue enfrentando el desafío de equilibrar la lucha contra las drogas con la necesidad de proporcionar alternativas reales a los agricultores.
«Estamos en un gobierno que decidió no erradicar, sino trabajar de la mano con los campesinos, pero hasta el momento no se está implementando un modelo específico de desarrollo que ayude a superar la dependencia de la coca», apuntó Rueda.
«El gobierno sabe que debe convivir con la coca, pero también debe buscar transformaciones en el territorio para que las familias no dependan de su cultivo… El país ya sabe que hay que realizar procesos de desarrollo que generen esa transformación. Hasta ahora, este gobierno no lo ha hecho, y los gobiernos anteriores tampoco lo lograron”, concluyó Rueda.
En ese sentido, destacan que la falta de financiamiento, la burocracia y la poca coordinación entre las distintas entidades estatales han sido las principales limitantes históricas para que los campesinos cultiven productos alternativos a la hoja de coca.
«En todo este tipo de proyectos siempre hay una dificultad de fondo: depende mucho de las preferencias de quienes estén en el gobierno. Son proyectos, no políticas de Estado, por lo que no tienen continuidad ni el soporte institucional adecuado», concluyó Páez.
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