Los transportistas de carga y de autobuses protestaban el miércoles en las principales vías de Colombia con bloqueos en contra de una reciente alza del diésel y tras no lograr un acuerdo en la mesa de negociación que sostienen con el gobierno nacional.
“Todo el mundo pide una sola cosa: que reviertan el alza, que la deroguen”, dijo a La Prensa Asociada Juan Carlos Bobadilla, secretario general de la Asociación Colombiana de Camioneros, quien participó de las negociaciones que se reanudaron el miércoles.
El gobierno ordenó desde el sábado un aumento del precio del diésel de 1.904 pesos (0,50 dólares) por cada galón, el primero de tres que planea hacer hasta llegar a 1,5 dólares el galón en 2025.
Sin embargo, la medida resultó impopular y produjo desde entonces bloqueos permanentes e intermitentes en vías principales y en los accesos a ciudades capitales como Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá, donde el miércoles se registraron 13 puntos de protesta.
Los transportistas han advertido que están dispuestos a manifestarse indefinidamente hasta que logren un acuerdo que los favorezca, mientras que el gobierno se ha mantenido firme y les ha pedido levantar los bloqueos y continuar la negociación.
“La gente que está en las vías no está de acuerdo (con levantar el bloqueo), se dio cuenta de que el alza era demasiado alta y no es sostenible, no les alcanza para vivir”, explicó Bobadilla, quien aseguró que a la protesta se ha unido “el apoyo popular” de quienes tienen vehículos que utilizan diésel sin que estén agremiados.
El alza forma parte de un plan que ejecuta el gobierno del presidente Gustavo Petro para cerrar el déficit en las finanzas públicas que se ha creado con el pasar de los años en el Fondo de Estabilización de Precios para los Combustibles con el que el gobierno cubría la diferencia entre el valor de los combustibles en el país y el precio internacional del petróleo.
Por más de cuatro años se mantuvo congelado el precio del diésel y el gobierno asegura que no puede seguir asumiendo la diferencia de precio. Petro señaló que si el dinero no venta de los consumidores de diésel tendría que salir del presupuesto nacional, sacrificando programas sociales que tiene por ejecutar.
La víspera la fiscalía informó en un comunicado que abrió indagación por 36 bloqueos que se registraron en el país debido al “riesgo que representan estas acciones contra la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos”.
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