El gobierno del presidente Joe Biden ha abandonado silenciosamente un indicador clave usado durante décadas para medir el éxito en el combate a las drogas, al suspender el monitoreo satelital de los cultivos de coca en Colombia en medio de un aumento en la producción de cocaína en Sudamérica .
Un orador del Departamento de Estado excluyó que la medida era “temporal”, pero no dio un plazo para la reanudación de la recopilación de datos ni explicó por qué se suspendió. Tampoco se sabe si los estudios satelitales seguirán en Perú y Bolivia, que en conjunto representan aproximadamente la mitad de la producción de coca en la región andina.
La medida, reportada por primera vez por el periódico El Tiempo de Colombia, ha provocado indignación entre los republicanos del Congreso de Florida, que han estado exhortando al presidente a que descertifique al gobierno de Colombia por no cooperar con la lucha antinarcóticos de Estados Unidos. Pero coincide con la campaña del presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro para reenfocar las actividades policiales fuera de los remansos rurales donde se cultiva coca, y en lugar de ello perseguir a los narcotraficantes en gran escala y lavados de dinero que obtienen la mayor parte de las ganancias del tráfico de drogas.
“Evaluamos constantemente la eficacia de varias medidas antinarcóticos y hacemos cambios en nuestras labores según sea necesario”, dijo el orador del Departamento de Estado estadounidense en un comunicado enviado por correo electrónico. El vocero hizo las declaraciones bajo la condición de guardar el anonimato, porque esas son las políticas de la agencia. “Seguimos trabajando con el gobierno de Colombia en el monitoreo de cultivos ilícitos de coca”.
Al menos desde 1987, el gobierno de Estados Unidos ha publicado estimaciones anuales del cultivo de coca en Colombia. Las cifras se dispararon a un máximo histórico en 2020, cuando la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas estimó que en 245.000 hectáreas de tierra —un área equivalente al triple de la que ocupa la ciudad de Nueva York— se había plantado el cultivo ilicito utilizado para hacer cocaina. El informe del año pasado reveló que la producción casi no cambió en 2021 con respecto al mismo nivel elevado.
En los primeros cinco meses de 2023, el gobierno de Petro ha erradicado manualmente tan solo 4.511 hectáreas de coca, casi un 90% menos que las 33.454 hectáreas en las que se erradicó ese cultivo durante el mismo período hace un año, cuando el presidente conservador Iván Duque todavía estaba en el poder.
Si bien las autoridades de Estados Unidos no han comentado qué utiliza el cambio de política, los republicanos lo han aprovechado para atacar a Petro, un exguerrillero, en un momento en que él busca mejorar los vínculos con el gobierno socialista de Venezuela e intenta llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, la última insurgencia de izquierda que aún opera en Colombia.
“Este es un regalo para el gobierno de Petro”, declaró el senador de Florida Marco Rubio, vicepresidente de la Comisión Selecta del Senado sobre Inteligencia y miembro sénior de la Comisión de Relaciones Exteriores, en una declaración a The Associated Press. “Es otro ejemplo de cómo el gobierno de Biden da concesiones a gobiernos de extrema izquierda en la región”.
Petro ha rechazado esas críticas, alegando que Estados Unidos haría bien en volver a centrar su atención en la crisis del fentanilo, a la que se culpa de decenas de millas de muertes por sobredosis.
“Las cosas cambian”, escribió en un tuit esta semana en respuesta a los ataques de la representante María Elvira Salazar, una republicana de Miami que preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Sin abordar directamente las cuestiones sobre el futuro del monitoreo de coca por parte de Estados Unidos, dijo que “la estructura de consumo de narcóticos está cambiando para mal, reduciendo la demanda de cocaína, que está comenzando a fluir a otras partes del planeta”.
Adam Isacson, director de supervisión de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dijo que el monitoreo satelital de los cultivos de coca ofrece información valiosa sobre la capacidad de defensa de Colombia para reafirmar el control del Estado en áreas remotas y económicamente deprimidas que por mucho tiempo han estado controlados por grupos armados ilegales.
Pero como herramienta para estimar los flujos de cocaína es menos confiable que otras medidas que se han mantenido mayormente estables en los últimos años, como los datos sobre la pureza de la cocaína, los precios en las calles y las muertes por sobredosis. Además, las Naciones Unidas, en conjunto con las autoridades colombianas, realizan anualmente su propia encuesta sobre cultivos de coca, la cual combina datos satelitales con verificación en tierra.
Aún así, él sospecha que la política también puede haber realizado un papel en la decisión de Estados Unidos de suspender operaciones.
“Si pones mucho peso en las hectáreas, te enfilas a una colisión con el gobierno de Petro, que no quiere hacer de la erradicación el centro de su estrategia antinarcóticos”, detalló. “Estados Unidos podría estar calculando que no necesita una causa de irritación tan grande con su aliado militar más cercano en el hemisferio”.
El gobierno de Biden ha tratado de minimizar cuidadosamente las diferencias políticas con el primer gobierno izquierdista de Colombia en lo que respeta a narcóticos, comercio, negociaciones con grupos rebeldes armados y sanciones al gobierno socialista de Venezuela, y en lugar de ello ha hecho énfasis en las más de dos décadas de estrecha cooperación bilateral.
La estrategia diplomática ha dado algunos resultados positivos. Petro visitó la Casa Blanca en abril y habló junto con Biden sobre una agenda común para combatir el cambio climático y abordar la migración. Unos días después, Washington anunció que abrirá un centro de procesamiento migratorio en Colombia para lidiar con un número creciente de migrantes de Venezuela y otras partes de Sudamérica que intenten ingresar a Estados Unidos.
“Vamos por el mismo río, un río que nos lleva a una democracia cada vez mayor ya una libertad cada vez mayor”, dijo Petro en la Casa Blanca.
El vocero del Departamento de Estado estadounidense aseveró que interrumpir el tráfico de cocaína sigue siendo una “alta prioridad” porque fomenta la violencia, el crimen y la muerte en todo el hemisferio.
La oficina de coordinación de políticas antidrogas de la Casa Blanca, que cada mes de julio publica un informe sobre el monitoreo de los cultivos de coca, no respondió a una petición de comentarios.
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