MARACAIBO, VENEZUELA – El presidente colombiano Gustavo Petro será el anfitrión de una cumbre a fines de este mes que busca impulsar las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela. El jefe de Estado ha propuesto una fórmula: “más democracia, menos sanciones”, dijo esta semana en Washington durante una visita a Estados Unidos.
En el encuentro en Bogotá, que empieza el martes 25 de abril, en vez de delegados del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria que se le opone, participarán representantes de 15 países, entre ellos EEUU, que ha impuesto la mayoría de las más de 900 sanciones que pesan sobre las instituciones y funcionarios de Venezuela.
Este jueves, en la Casa Blanca en Washington, Petro explicó al presidente Joe Biden su plan de tres puntos: “impulsar el cronograma electoral venezolano, la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y desactivar progresivamente las sanciones”.
Pero la fórmula de Petro de más democracia y cero sanciones toca de manera diferente a ambas partes del conflicto en Venezuela.
Maduro dejó clara su postura tras una reunión con Petro en marzo: la cumbre debe serle útil “para pasar la página de este período tortuoso de sanciones”. Su cancillería reaccionó positivamente a la receta de Petro para destrabar el diálogo, pero condicionó su éxito a que primero se han anulado todas las sanciones, a las que llamó «medidas coercitivas unilaterales».
Algunos en la oposición difieren, y dicen que las sanciones son el resultado de años de violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden constitucional en Venezuela por parte del chavismo. Primero debe haber democracia para levantar las sanciones, dijo el líder opositor Juan Guaidó, a quien 50 gobiernos reconocieron hasta enero como presidente interino de Venezuela y ahora candidato presidencial de uno de los cuatro principales partidos.
La pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina, no aplica en la crisis de Venezuela, dijo Roberto Enríquez, dirigente del partido socialcristiano Copei y uno de los nueve delegados de la oposición para las negociaciones que llevan a cabo el gobierno y la oposición en Ciudad de México, un proceso facilitado por el Reino de Noruega.
“Las señales que Maduro debe mandar es que todo aquello que apartó a Venezuela de la Constitución y del orden democrático, debe irse revirtiendo”, dijo Enríquez a la Voz de América. «No es a la inversa».
Progresar hacia un «reencausamiento democrático» es lo que debe llevar a cabo al fin de las sanciones económicas, añadió.
La oposición denuncia una erosión progresiva de la democracia, el irrespeto a la Constitución y la violación de derechos fundamentales por parte del gobierno desde los tiempos del expresidente Hugo Chávez.
El intento de Chávez de imponer reformas constitucionales mediante decretos y leyes habilitantes, a pesar de haber perdido un referendo consultivo sobre esas modificaciones en 2007, escaló el reproche a sus políticas gubernamentales.
La oposición denunció que Chávez, primero, y Maduro luego de su muerte en 2013, socavaron la independencia de los poderes públicos, impusieron el autoritarismo electoral y promovieron una mayoría política entre magistrados y jueces.
También los acusan de minar la libertad de prensa y de expresión, perseguir a políticos y militares críticos y politizar las fuerzas armadas. De igual forman los señalan por promover un modelo centralista donde las decisiones administrativas, políticas y económicas del país dependen solo de los jerarcas chavistas, y de impulsar ataques contra la disidencia.
La progresividad hacia el reencausamiento democrático de Venezuela es lo que debe generar el desmontaje de las sanciones”
Maduro anuló el Parlamento en 2015 luego que los opositores ganaron las elecciones, y convocó una Asamblea Nacional Constituyente sin someter la idea a referendo en 2017.
La oposición denunció que el 10 de enero de 2019 Maduro usurpó el poder al juramentarse para un segundo período después de haber ganado una elección “fraudulenta” e “inconstitucional”, convocada por la Asamblea Constituyente oficialista.
La persecución política y la violación de derechos humanos en Venezuela también ha quedado plasmada con decenas de casos en informes de las Naciones Unidas. Esos testimonios permitieron abrir una investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en noviembre de 2021.
La oposición señala entre las violaciones la represión a las protestas contra el gobierno en 2014; la elección de otro Parlamento sin que el anterior pudiera ejercer su poder real en 2020; la selección de una mayoría oficialista entre los rectores del Consejo Electoral en 2021, y el nombramiento de políticos y militares chavistas como magistrados en 2022.
Más sanciones desde 2017
Estados Unidos aplicó por primera vez sanciones contra funcionarios venezolanos en septiembre de 2008, durante el segundo mandato de Chávez, cuando congeló los bienes y cuentas bancarias del ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín; del director de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, y del exjefe de inteligencia, Henry Rangel Silva, por su supuesto apoyo a la guerrilla de las FARC.
En 2015, durante el gobierno del presidente Barack Obama, llegaron nuevas sanciones individuales, pocos meses después de la represión violenta a las protestas de 2014.
Si bien hubo entonces algunas restricciones a exportaciones de productos con multas militares a Venezuela, fue en agosto de 2017 cuando las sanciones norteamericanas se aplicaron contra instituciones, operaciones financieras y empresas del Estado, incluyendo PDVSA.
En los años siguientes, el expresidente Donald Trump aplicó restricciones y prohibiciones a las actividades económicas referidas a las deudas, oro, monedas, participación accionaria, la banca, la minería, las aerolíneas y las de petróleo del Estado venezolano.
Según el chavismo, esas sanciones constituyen un “bloqueo” culpable de la crisis económica, a pesar de que economistas señalan que la caída del producto interno bruto comenzó desde la asunción de Maduro, en 2013, antes de las sanciones.
EEUU ha indicado que la flexibilización de esas sanciones está atada al fruto de las negociaciones políticas entre el gobierno y la oposición.
En noviembre pasado, la administración del presidente Joe Biden alivió las restricciones a las operaciones de la empresa petrolera Chevron en Venezuela, horas luego de que se reanudaron las conversaciones en Ciudad de México.
Desde entonces, no ha habido un nuevo encuentro de ambas partes ni avances.
El Departamento de Estado de EEUU no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario de la Voz de América para este informe.
La cumbre de Bogotá se antoja como un intento de descongelar la negociación, mientras el tiempo apremia de cara a las elecciones presidenciales del próximo año y las primarias opositoras de octubre de este año, dijo a la Voz de América el ex embajador de Venezuela en Guyana y analista político Sadio Garavini.
Los esfuerzos por reactivar el diálogo también pasaron en una reunión en Francia con el presidente Emmanuel Macron como anfitrión, durante la gira del asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan a Brasil y Colombia y las visitas a la Casa Blanca de los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, subrayó Garavini.
Según Enríquez, el delegado negociador de la oposición del partido Copei, fantasear con un acuerdo exprés y el fin de las sanciones y la redemocratización de Venezuela sería “una irresponsabilidad”, y prefiere hablar de “gradualidad” y de “cambios por etapas”.
Guaidó dijo el jueves en Twitter que Petro debía ayudar a concretar una fecha para las elecciones presidenciales, la libertad de los presos políticos y la libertad de prensa.
Guaidó no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América para este informe.
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