SAN SALVADOR – Una mujer salvadoreña desafió al gobierno de El Salvador en 2013 al pedir la interrupción de un embarazo que estaba en peligro su vida, tras ser diagnosticada con lupus, insuficiencia renal y artritis. Además, los diagnósticos indicaban que su feto tenía anencefalia, un defecto grave en el que el bebé nació sin partes del encéfalo y del cráneo.
El Estado salvadoreño, que penaliza el aborto sin excepción alguna, negó la petición.
El bebé murió cinco horas después de nacer y la mujer cuatro años después.
El llamado «caso Beatriz» —la mujer pidió en vida que no se compartiera su nombre completo por seguridad de su familia— supuso una hazaña entonces, y aunque las cortes salvadoreñas siguen sin permitir la interrupción del embarazo, el debate ha vuelto a avivarse a 10 años del caso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizará este 22 y 23 de marzo si el Estado salvadoreño tiene o no responsabilidad en la presunta violación de los derechos a la vida de la joven fallecida, así como a su integridad personal, a sus garantías judiciales, a la vida privada, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y al derecho a la salud.
El caso podría ser emblemático, aseguraran los expertos, y sentar un importante precedente en El Salvador, en la región y el mundo, aseguraran los expertos.
“Beatriz representa una oportunidad para que los casos que vienen después puedan continuar ampliando el tema y la importancia de los derechos reproductivos”, explicó Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Organizaciones de derechos humanos en El Salvador a favor de la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos señalan que el «caso Beatriz» es una combinación de factores de vulnerabilidad y discriminación asociados a la condición de mujer joven y persona en situación de pobreza.
«La negación o la imposición de barreras para el acceso a un aborto seguro constituye discriminación y violencia en contra de las mujeres y las personas con capacidad de gestar», dijo Marisol Escudero, coordinadora de contenidos y estrategia jurídica de Ipas Latinoamérica y El Caribe, una de las organizaciones colitigantes del «caso Beatriz».
«Beatriz era una mujer joven que vivía en condiciones de pobreza y en un contexto rural, lo que ya la colocaba en una posición vulnerable a enfrentar barreras estructurales para el acceso a servicios de salud», dijo Escudero a la Voz de América.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se encuentra entre las que buscan que la Corte IDH declare la responsabilidad internacional de El Salvador por supuestas violaciones de derechos humanos en el «caso Beatriz».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desearía en 2020 que si bien la protección de la vida desde la concepción constituye un fin legítimo, «el dolor y sufrimiento que atravesó Beatriz desde que solicitó la interrupción del embarazo y aún con posterioridad al nacimiento y muerte, constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes» .
La Comisión declaró «responsable» al Estado de El Salvador por la violación de derechos humanos establecidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. También en la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.
¿Cómo inició el caso?
En su primer embarazo, Beatriz fue hospitalizada dos veces por anemia y por complicaciones a raíz del lupus, y aunque en el parto tuvo presión elevada, su hijo sobrevivió tras una cesárea y 38 días bajo supervisión.
En 2013, Beatriz salió otra vez embarazada. Esta vez el riesgo era mayor, pues el equipo médico le explicó el peligro de continuar con el embarazo debido a sus enfermedades, y además, porque el feto se desarrolló incompleto del cráneo y el cerebro.
Beatriz pidió la interrupción de su embarazo y se enfrentó a «un vía crucis en el sistema de salud de El Salvador», dijo María Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), una de las organizaciones colitigantes en el caso.
La joven fue referida con varios equipos médicos que concluyeron que no tenían posibilidades de sobrevivir al parto aun cuando se llevara a término, explicó Díaz de León a la Voz de América.
La joven se topó con el muro de la penalización del aborto, pues la legislación salvadoreña condena toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que lo practican, explicó Díaz de León.
Las penas en El Salvador por practicar el aborto pueden ir desde los dos a los ocho años de prisión. No obstante, hay casos en los que el delito puede cambiar a homicidio agravado y en ese caso la condena puede llegar hasta los 30 años.
«La audiencia ante la Corte es determinante en la búsqueda de justicia para Beatriz y su familia. Buscamos mostrar los efectos adversos que tiene la penalización absoluta para las mujeres que como Beatriz necesita la interrupción del embarazo», agregó Díaz de León.
Otros países de la región que penalizan el aborto son Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití.
En octubre de 2021, el Congreso de El Salvador rechazó reformar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes consientan o realizarán un aborto cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando la vida del feto sea inviable y cuando el embarazo sea producto del estupro o violación en mujeres y menores de edad.
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