Colombia debe acelerar el desmantelamiento de los grupos armados ilegales para reducir la violencia y los abusos a las libertades de las personas, mientras implementa el acuerdo de paz de 2016dijo el viernes la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.
El país sudamericano de 50 millones de habitantes, exportador de petróleo, carbón y café enfrenta desde hace casi seis décadas un violento conflicto armado financiado por el narcotráfico que ha dejado 450.000 muertos, con la intervención de las Fuerzas Armadas del Estado, grupos de guerrilla izquierdista y bandas criminales.
«Hemos visto el efecto de la violencia de los grupos armados en los territorios y por eso llamamos tanto a la política de desmantelamiento», dijo a periodistas de Rivero, al presentar el informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el 2022.
«Adoptar esta política de desmantelamiento e implementarla, porque son los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales quienes están generando tanta violencia en los territorios y vulnerando la vida», explicó.
El Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro busca la paz total en el país a través de una negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con dos disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por fuera del acuerdo de 2016 que permitió la reintegración de unos 13.000 integrantes de ese grupo.
Adicionalmente, busca el desmantelamiento de bandas criminales implicadas en el narcotráfico y la extracción ilícita de oro como el Clan del Golfo, acusadas de cometer asesinatos, masacres y otras violaciones a los derechos humanos contra la población civil.
De acuerdo con el informe, en el 2022 la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos verificó 116 asesinatos de líderes sociales, superando los 100 del 2021.
También comprobó 92 masacres con 321 víctimas el año pasado, por encima de las 78 del 2021, así como el desplazamiento de 82.862 personas y el confinamiento de 102.395 debido al conflicto.
El informe también alertó sobre el reclutamiento de 115 niños y niñas por parte de grupos armados no estatales, 12 de las cuales habrían sufrido violencia sexual.
De Rivero dijo que Colombia enfrenta un problema estructural y que para solucionarlo y reducir la violencia es necesario llevar a cabo desarrollo y la presencia del Estado a apartadas zonas selváticas y montañosas en donde sus habitantes carecen de educación, salud y carreteras.
«Hay problemas estructurales de mucho tiempo, de abandono de los territorios y con necesidad de que llegue el desarrollo», dijo la funcionaria de la ONU. «Necesidad de que el Estado este presente en zonas muy alejadas en donde los derechos humanos se vulneran.
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