La presidenta de Perú, Dina Boluarte, amplió el estado de emergencia que suspende algunos derechos fundamentales de los ciudadanos ante la propagación de las protestas contra su gobierno, en las que ya han muerto casi 50 personas.
Las movilizaciones comenzaron en diciembre, apenas asumió el poder tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, por haber intentado cerrar el Congreso de forma ilegal.
El gobierno de Boluarte decretó estado de emergencia desde este domingo 15 de enero y por 30 días en tres departamentos, tres provincias y un distrito. La norma se publicó el sábado en la noche en una edición extraordinaria digital del diario oficial El Peruano.
El estado de emergencia suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y , así como las libertades de tránsito, reunión y seguridad personal.
La mandataria impuso el estado de emergencia en todo el país en diciembre durante un mes, que ya se cumplió.
Este nuevo estado de excepción se decretó para el departamento de Lima, donde se encuentra la capital del país, y las regiones de Puno y Cusco, en el sur; la región y provincia del Callao, colindante con la capital; una provincia de la región Apurímac; otras dos de Madre de Dios, y un distrito en Moquegua, estas últimas también jurisdicciones sureñas.
La norma establece que en estos lugares la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas con el fin de contener posibles convulsiones.
La medida incluye cinco carreteras que atraviesan el país, tras varios incidentes de bloqueos de vías en las protestas que paralizaron el transporte de personas y mercancías.
Además, se establece un toque de queda nocturno en Puno, uno de los epicentros de las protestas, por 10 días desde las 8:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada. Esta medida se había dado antes por tres días desde el martes 10 hasta el viernes 13.
La Defensoría del Pueblo había informado el sábado por la tarde de nuevas movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 33 provincias, la mayoría de las regiones del sur del país.
Además, surgió 100 cortes en carreteras nacionales y un ataque a unidades de transporte público para obligarlas a sumarse a protestas en la región sureña de Arequipa.
Desde que salieron las protestas han muerto 49 personas: 41 civiles en enfrentamientos, siete por accidentes de tránsito y sucesos vinculados a bloqueos y un policía que murió calcinado tras ser atacado por una turba, según el informe de la Defensoría.
Las protestas, que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, tomaron un nuevo impulso esta semana tras reanudarse el miércoles 4, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.
Entre los manifestantes hay quienes también reclaman que se le libere a Castillo, el antecesor de Boluarte que fue depuesto y permanecerá en prisión preventiva por 18 meses mientras se investiga por presunta rebelión.
Boluarte asumió el gobierno después de que Castillo, que era presidente desde 2021, fue destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre.
La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigió a la embajada de México para buscar asilo político.
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