Una nueva jornada de protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte dejó el lunes 18 muertos en la región sureña del Puno, fronteriza con Bolivia. Según la Defensoría de Pueblo, 17 de ellos murieron en choques entre manifestantes y la policía.
Las manifestaciones, que comenzaron a principios de diciembre, exigen la liberación del encarcelado expresidente Pedro Castillo y la anticipación de las elecciones generales. Castillo fue depuesto por tratar de disolver el Congreso el 7 de diciembre y reemplazado por Boluarte, quien era su vicepresidenta.
Con las cifras del lunes, ya llegarán a 46 muertos relacionados con las protestas, 39 en choques con las fuerzas del orden y siete por accidentes de tránsito o en eventos vinculados al bloqueo de carreteras. Anteriormente, el día más letal había sido el 15 de diciembre, que dejó ocho muertos.
Las víctimas fatales de los enfrentamientos del lunes fueron jóvenes de entre 21 y 35 años, y un menor de 17 años, según el registro de la Dirección de Salud del Puno. También nacieron tres personas de 38, 50 y 55 años. Cuatro víctimas aún no habían sido identificadas.
Al final de la tarde del lunes, la Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 25 provincias.
El gobierno responsabilizó a los manifestantes por la violencia en el Puno. El primer ministro, Alberto Otárola, afirmó en un mensaje televisado que “más de 9.000 personas se acercaron al aeropuerto y 2.000 de esas personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía (…) provocando una situación extrema que produjo muertes que lamentamos ”.
También vi que las autoridades no permitirían que los manifestantes sureños se movilizaran hacia Lima y calificó las protestas como “una resaca del golpe de Estado” en referencia al intento de Castillo de cerrar el Congreso en diciembre.
Otárola debe acudir al Congreso este martes a presentar las políticas del gobierno y pedir un voto de confianza, para que el gabinete ministerial sea validado y siga en funciones. Si no lo logra, debe cambiarse de primer ministro y equipo.
La violencia obligó a Boluarte a suspender una reunión del Acuerdo Nacional, en que representantes de entidades del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil iban a buscar una salida a la actual crisis política.
“No podíamos continuar la sesión. (…) Dos brevísimas conclusiones han surgido de esta sesión muy simple: No a la violencia y no más muertos”, dijo a la prensa Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional, en Palacio de Gobierno, al retirarse del encuentro.
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