Una tarde de noviembre Mónica Citlalli Díaz salió de su casa en una populosa localidad a las afueras de la capital mexicana para dirigirse a la escuela donde impartía clases de inglés. No llegué al trabajo.
Su ausencia alertó de inmediato a su familia y sus colegas, que empapelaron las paredes de la localidad de Ecatepec con volantes con su fotografía.
Después de cuatro días sin señales de Díaz, de 30 años, sus familiares bloquearon la calle frente a la escuela para exigir acción a las autoridades. Dos días más tarde su cuerpo fue hallado entre la maleza junto a una carretera.
Las mujeres en México están muriendo a un ritmo aterrador: desde enero hasta noviembre se registraron 131 feminicidios y 241 homicidios sólo en el Estado de México, que rodea a la capital, y el año pasado en todo el país hubo más de 1.000 feminicidios y homicidios dolorosos, cifra sólo superada por Brasil en América Latina.
Expertos y defensores de los derechos humanos sostienen que la violencia de género puede atribuirse a un machismo cultural profundamente arraigado ya la desigualdad sistémica, así como a un sistema plagado de problemas: policías que no aceptan denuncias sobre mujeres desaparecidas, investigaciones torpes y fiscales y jueces que revictimizan a las mujeres.
Son tantos los casos que la mayoría recibe poca atención. Pero las protestas de la familia de Díaz presionaron a las autoridades y acapararon los titulares.
Tres días después de su desaparición, el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, pidió un protocolo nacional para tratar los feminicidios y dijo que todos los homicidios de mujeres podrían ser investigados como tales. Al día siguiente, en su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba de acuerdo con la propuesta.
Algunos estados han intentado abordar el problema creando fiscalías para delitos de género. Por su parte, el gobierno federal ha declarado más de dos docenas de alertas por violencia de género desde 2015 a pedido de grupos de la sociedad civil.
Estas alertas obligan a las autoridades locales, estatales y federales a tomar medidas de emergencia coordinadas y garantizar la seguridad, la prevención y el acceso a la justicia. Pero las propias autoridades han reconocido que los beneficios de las alertas y otras medidas han sido limitadas.
“Veía los casos de feminicidios en la televisión y siempre decía ‘pobres mujeres, pobres de sus familias, pobres de sus hijos’”, recordó Massiel Olvera, la hermana mayor de Díaz. “La manera tan horrible como vulneraban sus cuerpos, la manera tan atroz como las lastimaban, como las dejaban”.
Cuando comenzaron a circular fotos de la última víctima hallada su teléfono vibró. El rostro no era visible, pero Olvera reconoció los pantalones de su hermana, sus zapatos y sus manos. “Me la dejó tirada como una bolsa de basura”.
A raíz de los asesinatos de cientos de mujeres y niñas en el estado norteño de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, a finales de la década de 1990 y principios de 2000, la cámara baja del Congreso de México creó una comisión especial para estudiar el feminicidio y en 2006 emitió un informe que concluyó que era casi imposible obtener datos precisos porque algunos estados ni siquiera proporcionaron un desglose por sexo de las víctimas.
Como resultado del trabajo de la comisión, en 2007 se vio la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que creó las alertas de violencia de género.
En 2010, los legisladores añadieron el feminicidio, definieron como la muerte violenta de una mujer por razones de género, al código penal federal y al año siguiente el Estado de México estableció su fiscalía de delitos de género.
A pesar de los esfuerzos el año pasado hubo más del doble de feminicidios en el país que en 2015, según datos federales.
La violencia de género “persiste como una realidad y no hay señales claras de que el fenómeno esté disminuyendo”, señaló un reciente informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe que depende de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional de Feminicidio Ciudadano de México, atribuyó la responsabilidad a los errores en las investigaciones, que van desde la desobediencia de las escenas del crimen hasta la corrupción entre las policías locales y estatales, que en algunos casos se confabulan con los delincuentes.
“El problema está en una falla total de un sistema de justicia colapsado”, dijo Estrada.
Dilcya García, quien dirige la fiscalía para la atención de delitos vinculados con la violencia de género del Estado de México, afirmó que la problemática es parte de la estructura social.
“La violencia contra las mujeres es muy compleja de abordar y muy compleja de erradicar… Los patrones socioculturales, aquellas conductas aprendidas, van a descubrir y en muchas ocasiones, incluso, demandando la violencia contra las mujeres”.
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