Azul Rojas Marín volvió a sonreír el pasado 3 de noviembre. Ella es una mujer trans que después de 15 años recibió un «perdón» por parte del Estado peruano porque vulneraron sus derechos como ser humano.
“La sensación que tuve es que recién se me cree y el Estado asume la responsabilidad cuando debió haberlo hecho hace muchos años atrás. Pero, a la vez, sentí mucha tristeza porque esta lucha la inicié con mi madre que la perdí hace cinco años. Ella debería con la convicción de que un día obtendríamos la victoria”, señala Rojas en conversación con la Voz de América.
“Muchos años luché. Hay mucha gente que no sabe que Azul Rojas luchó para llevar a cabo todas las voces de mi comunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre he hablado de derechos humanos, no de derechos que no asiste a la comunidad LGTBIQ”, excluyó la activista.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Policía, la Fiscalía General, el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial admitieron el pasado 3 de noviembre que era la primera vez que el Estado peruano reparaba públicamente a una integrante de la comunidad LGBTIQ.
Azul señala que su caso es un precedente histórico porque se considera que hubo tortura por discriminación basada en género, expone la situación de vulnerabilidad en la cual se han encontrado las personas LGTBIQ a lo largo de los años y demuestra que el Poder Judicial y la Fiscalía fallaron para proteger sus derechos.
“A mí me pareció significativo lo que dijo la Fiscal de la Nación, independientemente del reconocimiento, que mi caso no hubo errores. Ahí fue lo que predeterminó la corte: el prejuicio. Yo era la víctima, pero me juzgaban a mí. Ahí estaba el prejuicio. No se le puede decir errores hoy en día después de lo que hemos pasado todos estos años luchando. Hemos llegado a una instancia internacional. Tú vieras las resoluciones donde los mismos jueces y fiscales decían que una persona con apariencia de homosexual, cabello largo y cosas así”, recordó.
Historia
El caso de Azul se remonta al 25 de febrero de 2008. Aquel día, ella se dirigió a su casa en el distrito Casa Grande en la región de La Libertad. En el trayecto, se acercó un vehículo de la Policía para preguntarle a dónde iba ya lo que respondió que a su domicilio. Los efectivos tomaron sus datos y violentamente la subieron al carro para trasladarla a la comisaría. Luego, la desnudaron, golpearon, torturaron y violaron sexualmente.
La mantuvieron bajo detención pese a no haber cometido ningún delito, recuerda. Fue liberada al día siguiente, pero el golpe psicológico y físico lo arrastró para siempre, cuenta.
Así que comenzó denunciar ante la Fiscalía, que formalizó el caso por los delitos de violación sexual y abuso de autoridad en contra de tres policías. Pese a la gravedad del asunto, en enero de 2009 se archivó el tema. Sin conseguir justicia, Azul tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de resarcimiento por los daños.
La CIDH condenó a Perú por vulnerar los derechos fundamentales de Azul Rojas Marín el 12 de febrero de 2020. Además, seguramente al Estado seguir con las investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a los responsables de lo sucedido con la persona. Asimismo, indicó que era necesario desarrollar una campaña para capacitar y sensibilizar a los peruanos sobre la violencia que se ejerce en contra de la comunidad LGTBIQ.
La Corte concluye que la detención inicial de la señora Rojas Marín fue ilegal ya que fue realizada sin atender a las causas y procedimientos establecidos en la legislación interna, incluyendo la falta de registro de la detención. Además, la detención fue arbitraria ya que la misma fue realizada por motivos discriminatorios.
Asimismo, la Corte concluyó que la señora Rojas Marín no fue informada de los motivos de su detención. En consecuencia, el Estado violó, por acciones de sus agentes actuaron en esa condición, los derechos reconocidos en los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la Convención, en relación con las obligaciones de respetar dichos derechos sin discriminación, consagradas en el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Azul Rojas Marín”, describe la sentencia.
Demandas pendientes
A pesar de las disculpas ofrecidas por el Estado, la activista sostiene que aún falta que cumplir algunos puntos de la sentencia de la Corte IDH.
Menciona, por ejemplo, que el Estado debe brindarle un tratamiento médico y psicológico. “Hubiera sido muy reconfortable para mí que mi salud mental o emocional esté más acolchonada. Que el Estado me haya puesto una psicóloga para que tener terapia, pero no me lo hace hasta ahora”, VOA.
Sostiene además que “no va parar” hasta que su sentencia en la Corte IDH se cumpla y siente un precedente importante ante futuras vulneraciones de los derechos de la comunidad LGTBIQ.
“Este es el inicio de un largo camino. Si bien es cierto que [la comunidad LGTBI] nos vamos a enfrentar a muchas cosas, lo que nos respalda es que tenemos una sentencia que no solo debe quedar en un documento de lo que ha pasado en Perú.
“Está en la sociedad de educar al resto de personas y sensibilizarlos”, concluye.
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