Un tribunal penal en Argentina condenó a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Fernández de Kirchner dió un contundente mensaje de rechazo a la condena y desde su despacho en el Senado acusó al multimedios Clarín ya la corporación judicial de buscar venganza con su inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.
«No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y Vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada y con una inhabilitación perpetua por administración fraudulenta con el Estado», dijo.
La vicepresidenta agregó que: «El 10 de diciembre de 2023, no voy a tener fueros y no voy a ser vicepresidenta, y [Héctor Magnetto, director del Grupo Clarín] le va a poder dar órdenes a sus esbirros de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema para que me metan presa. Pero mascota de usted nunca voy a ser, nunca jamás. No voy a ser candidata a nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta».
Aunque no irá a prisión ya que restan dos instancias de apelación, la líder de la opositora Coalición Cívica, Elisa Carrió, dijo que es una clara señal de que se terminó la impunidad.
«La Constitución y el Código Penal equiparan a estas personas, como Cristina, como infames traidores a la patria. Cuando algunos hacen determinadas conductas en la vida, deben atenerse a las consecuencias. Acá no hay una madre que protege, acá hay una madre golpeadora . Lo que se está dando es que hay una mujer, que actúa como un macho, golpea a todos, inclusive a su propia familia. Ejerce violencia sobre el propio peronismo», señaló Carrió.
Mientras, los movimientos sociales, que marcharon a tribunales, encabezados por el dirigente Luis D’Elia, sostuvieron que se trata de una persecución política.
«Por la democracia contra el lawfer, para que podamos recuperar para la
República, la independencia del Poder Judicial. No se puede vivir en una sociedad donde los poderes del Estado son violados por los factores del poder económico. El plan Lawfare fue aplicado por la política estadounidense para todo el continente, y se tiene que terminar. Hoy es el día de salir a bancar a Cristina en la calle y para que se vaya esta Corte Suprema y no vuelva nunca más», dijo D’Elia.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sacó el término inglés la guerra de leyes durante su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública. La expresión se trata de una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que se refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”.
Entre tanto, el fiscal José María Campagnoli, remarcó que esto demuestra la complicidad de empresarios y poder político corrupto.
«Parecería ser que Lázaro Báez con la cantidad de terrenos, propiedades, autos y de riquezas que se le han dado cuando empezó con una empresa Austral Construcciones que tenía cero de ganancia y de la noche a la mañana, el tipo pasó a ser uno de los tipos más ricos del país y con mayor cantidad de tierras. No recuerdo alguien tan vinculado al poder que se haya enriquecido tanto», dijo Campagnoli.
Desde el Congreso, las fuerzas políticas aliadas al Gobierno mantendrán su respaldo y enfrentarán al poder económico, dijo el diputado Oscar Parrilli, del Frente de Todos, una coalición de peronistas y kirchneristas creada para apoyar al presidente Alberto Fernández ya la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner .
El objetivo es muy claro, perseguirla a ella ya los que fuimos miembros de su gobierno, para que paguemos todas las acciones como las estatización de la petrolera YPF, las AFJP, los planes sociales, los pagos al Fondo Monetario. Lo que intentan con este juicio es amedrentar a toda la dirigencia social, para que no se anime a poner límites contra los grupos económicos, mediáticos o de espionaje», señaló Parrilli.
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