La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se declaró el miércoles en huelga de hambre en su celda a un día de que se le inició un juicio por resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes.
En 2019 Áñez fungía como senadora y se proclamó presidenta interna después de la crisis que detonó un estallido social con 37 muertos y precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales (2006-2019) tras unos comicios denunciados como fraudulentos.
Once meses después, Áñez llamó a nuevas elecciones que fueron ganadas por el heredero político de Morales, Luis Arce, cuyo gobierno impulsa juicios contra opositores a los que acusan de haber llevado a cabo un “golpe de Estado”.
“Estoy desesperada de ver un país sin justicia, ni ley. Que la comunidad internacional entienda que la justicia es de Evo Morales y Luis Arce. Estoy enferma, pero mis últimas fuerzas serán para demostrar que estos hombres, machos del poder, no podrán ocultar de la historia el fraude que cometieron”, expresó Áñez mediante una carta que leyó a los medios su hija Carolina Ribera.
Ribera aseguró que la medida de su madre será hasta las “últimas consecuencias”. “Dios quiera que las autoridades, tanto de justicia como el gobierno, se pongan una mano al pecho y vean que primero hay que priorizar la vida de una mujer, de una madre, dejando a un lado la política y la venganza”, agregó.
Áñez, de 54 años, tiene abiertos otros cuatro procesos. La exmandataria ha denunciado una persecución política ya que asegura que no se están cumpliendo los requisitos para iniciarle un juicio. Otro de esos procesos es por dos masacres perpetradas por las fuerzas del orden en las que fallecieron 20 seguidores de Morales.
Arce ha reiterado en varias oportunidades que su gobierno busca que se haga justicia., pero 21 expresidentes de América Latina señalaron que la exgobernante tiene derecho a gozar de un juicio en libertad ya un debido proceso.
Un grupo de expertos internacionales que investigó los hechos de 2019 concluyó que la responsabilidad de la crisis y de las muertes recae en los gobiernos de Morales y Áñez y reclamó una reforma pronta para evitar que el Poder Judicial y la Fiscalía sigan siendo usados por el poder político con multas de “persecución”.
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