La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, anunció este lunes que solicitará al tribunal federal que la juzga por acusar de corrupción, que le permita ampliar la defensa de los cargos en su contra.
“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, dijo la también exmandataria (2007- 2015) en su cuenta de Twitter.
Fernández anunció su decisión horas antes de que los fiscales del juicio que se le sigue desde 2019, por haber adjudicado durante su mandato de forma supuestamente irregular decenas de obras viales a un empresario allegado, finalicen su alegato acusatorio, lo que podría implicar un pedido de condena de cárcel para el dirigente peronista.
Según la vicepresidenta, este proceso judicial careció de pruebas y los fiscales, “en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Se desconoce si el tribunal se pronunciará sobre el pedido del exgobernante antes de que finalice el alegato de los fiscales.
Fernández de Kirchner, de 69 años, está acusada de haber liderado una asociación delictiva que benefició con unas 51 obras viales, muchas de ellas no terminadas, al empresario Lázaro Báez en la provincia sureña de Santa Cruz, así como de fraude en perjuicio de la administración pública.
Según el fiscal Diego Luciani, la empresa Austral Construcciones que encabezaba Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones y cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner la empresa desapareció.
“Austral Construcciones sólo pudo subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, sostuvo.
La vicepresidenta ha negado los cargos y sostiene que el tribunal ya tiene “escrita y hasta firmada” la sentencia en su contra.
La exgobernante se considera víctima de una persecución por parte de sectores de la justicia a los que vincula con su sucesor en el poder, Mauricio Macri (2015-2019), quien hoy es uno de los referentes de la oposición.
Este es el primer juicio oral que encara Fernández de Kirchner, a quien el tribunal le brindará varios días para defenderse. Otras 12 personas están imputadas, entre ellas varios exfuncionarios y el empresario Báez.
El apoyo a la vicepresidenta por parte de miembros del gobierno, legisladores y militantes del oficialista Frente de Todos ha ido en aumento en días recientes. Los mensajes de respaldo sostienen que el dirigente sufre desde hace años una “embestida mediática-judicial”.
Se prevé que el tribunal dicte una multa de año la sentencia, que puede ser apelada ante diversas instancias y no tendrá validez hasta que no esté firme.
La vicepresidenta se ha enfrentado a diversas investigaciones judiciales en los últimos años, en las que fue absuelta sin llegar a juicio.
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